La decisión de Donald Trump de restablecer el cerco naval sobre Irán y, simultáneamente, imponer una tarifa del 20 % sobre la carga que transita por el estrecho de Ormuz marca un punto de inflexión en la geopolítica energética. Para Colombia, una economía que importa la mayoría de sus combustibles refinados y depende de la estabilidad de los fletes marítimos, esta medida no es un asunto lejano de seguridad asiática; es un choque directo a la estructura de costos logísticos y a la estabilidad macroeconómica regional.
El anuncio, realizado a través de su red social Truth Social y ratificado en entrevista con Fox News, transforma la doctrina de seguridad marítima estadounidense. Washington deja de ser el garante gratuito de la libertad de navegación para convertirse en un proveedor de seguridad con tarifa explícita. Trump justificó el cobro argumentando que las naciones beneficiarias son ricas y que Estados Unidos no debe asumir el riesgo sin compensación. Esta retórica transaccional, coherente con su visión de “America First”, tiene implicaciones profundas para los aliados atlánticos y para los mercados emergentes andinos.
Inflación importada y riesgo logístico
El estrecho de Ormuz concentra históricamente cerca del 20 % del flujo petrolero mundial. Aunque el volumen físico que llega directamente a puertos colombianos desde el Golfo Pérsico es menor al que llega a Europa o Asia, el precio del crudo y de los derivados se fija en mercados globales interconectados. Cualquier prima de riesgo o sobrecosto logístico en ese cuello de botella se transmite casi de inmediato a los precios de referencia Brent y WTI.
Para un país como Colombia, que enfrenta presiones inflacionarias residuales y un déficit fiscal sensible al precio de la energía, este nuevo “peaje” actúa como un impuesto externo no legislado. Si los armadores y aseguradoras trasladan el 20 % de compensación exigida por Washington a las tarifas de flete, el costo de importación de diésel y gasolina subirá. Esto ocurre en un momento donde la inversión en exploración y producción doméstica no ha logrado revertir la caída en la autosuficiencia, haciendo a la economía nacional más vulnerable a estos shocks exógenos.
Además, la expansión del conflicto hacia Kuwait, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos eleva la prima de seguro marítimo en todo el Océano Índico. Las rutas alternativas, como el Cabo de Buena Esperanza, añaden días de navegación y consumo de combustible, encareciendo aún más la canasta importadora andina.
La alianza atlántica bajo nueva contabilidad
Desde una perspectiva de relaciones hemisféricas, la medida de Trump envía una señal clara a Bogotá y Brasilia: la seguridad provista por Estados Unidos ya no es un bien público global, sino un servicio transable. Esto obliga a replantear la cooperación bilateral. Si Washington monetiza su presencia militar en puntos críticos para el comercio global, ¿bajo qué términos se negociará la cooperación antidrogas o la asistencia técnica en el Caribe? La lógica transaccional aplicada en Ormuz podría filtrarse hacia la agenda bilateral colombo-estadounidense.
Es necesario reconocer la complejidad de la situación. Irán ha atacado buques comerciales y amenazado el libre tránsito, lo que justifica una respuesta de seguridad. Sin embargo, la implementación de un arancel unilateral sobre una vía marítima internacional sienta un precedente jurídico y diplomático delicado. Mientras Teherán viola normas de navegación, la respuesta estadounidense privatiza la gestión de un espacio común. Colombia, como defensora del Estado de derecho y el libre comercio, queda en una posición incómoda: debe respaldar la seguridad marítima sin validar la erosión de la gobernanza global que facilita su propio comercio exterior.
Incertidumbre regulatoria y fiscal
La falta de detalles operativos sobre cómo se cobrará este 20 % genera una incertidumbre que los mercados detestan. ¿Se aplicará en origen, en destino o mediante un mecanismo de clearing financiero? ¿Cómo se distinguirá la carga iraní de la de terceros países si el bloqueo es selectivo? Esta ambigüedad paraliza decisiones de contratación a largo plazo y fomenta la especulación.
Para la región andina, la lección es estratégica. La dependencia de corredores marítimos controlados por potencias externas que ahora cobran por su uso exige acelerar la integración física regional y diversificar fuentes de energía. Mientras la geopolítica se vuelve transaccional, la resiliencia económica de Colombia dependerá menos de la benevolencia de los garantes tradicionales y más de su capacidad para gestionar riesgos en un mundo donde la seguridad tiene precio de lista.
El restablecimiento del cerco y el nuevo arancel de seguridad reconfiguran el tablero. No estamos ante una crisis pasajera, sino ante la institucionalización de una nueva normalidad donde la proyección de poder se factura. Para Bogotá, entender y adaptarse a esta contabilidad es tan urgente como monitorear el precio del barril.