La espiral de ataques entre Irán y Estados Unidos registrada el 31 de mayo vuelve a situar al Golfo Pérsico en el centro de la volatilidad geopolítica global. Para Colombia y la región andina, esto no es un conflicto lejano: es una amenaza directa a la estabilidad de precios energéticos, flujos de inversión y remesas que sostienen economías frágiles.
Por qué importa el Estrecho de Ormuz
Aproximadamente el 21% del petróleo mundial transita por el Estrecho de Ormuz, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Cuando la tensión Irán-Washington se intensifica, los mercados anticipan disrupciones. El precio del barril sube, y con él, los costos de importación para países como Colombia que dependen del crudo importado para refinerías y generación térmica.
En 2024, Colombia importó cerca de 80 mil barriles diarios de petróleo crudo, principalmente de Oriente Medio y África. Un cierre parcial del Estrecho —escenario poco probable pero no descartable en escaladas como la actual— elevaría los precios entre 10 y 20 dólares por barril en cuestión de horas, según simulaciones de bancos centrales regionales.
El efecto cascada en remesas y empleo
La volatilidad energética golpea también a través de un canal menos visible: las remesas. Aproximadamente 3 millones de colombianos viven en el exterior, principalmente en Estados Unidos, España y Canadá. Las remesas representaron 8,8 mil millones de dólares en 2023, según el Banco de la República. Cuando la incertidumbre geopolítica frena el crecimiento económico en Estados Unidos —como ocurre en crisis de Oriente Medio— los empleadores reducen horas, los salarios se contraen, y las familias en Colombia reciben menos dinero.
La ecuación es simple: conflicto en el Golfo Pérsico → precios de energía suben → economías occidentales se desaceleran → menos empleo y remesas en origen.
La posición de Colombia en el tablero
A diferencia de Venezuela o Nicaragua, Colombia mantiene relaciones funcionales con Washington. Pero eso no la aísla de las turbulencias sistémicas. El país no tiene capacidad de influencia directa en negociaciones Irán-Estados Unidos, pero sí tiene interés en que no se cierren canales diplomáticos.
La administración Biden —y cualquier sucesora estadounidense— necesita que Oriente Medio no se descontrole mientras gestiona tensiones en Ucrania, el Indo-Pacífico y la frontera sur. Para Colombia, esto significa que la región andina seguirá siendo periférica en las prioridades de seguridad de Washington, a menos que la inestabilidad migratoria o el narcotráfico vuelvan a escalar.
Lecciones de 2019 y 2022
En septiembre de 2019, ataques a instalaciones petroleras saudíes elevaron el precio del barril a 70 dólares. En febrero de 2022, la invasión rusa a Ucrania lo llevó a 120 dólares. En ambos casos, Colombia sintió el golpe: inflación de combustibles, presión en las cuentas fiscales, menor margen para gasto social.
Los bancos centrales de la región ya están alertas. El Banco de la República ha señalado que la volatilidad energética es uno de los riesgos principales para la proyección de inflación 2026-2027.
¿Qué puede hacer Colombia?
Poco en el plano diplomático directo. Pero hay márgenes de política doméstica: diversificar la matriz energética (acelerar transición a renovables), mejorar eficiencia en refinerías, y fortalecer reservas de divisas para absorber shocks externos. La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) ha recomendado a países andinos aumentar coordinación en compras de petróleo para negociar mejores precios en crisis.
Lo que sí puede hacer Colombia es mantener canales abiertos con Washington en temas de seguridad y comercio, sin alinearse automáticamente con cada movimiento estadounidense en Oriente Medio. La experiencia de Brasil —que mantiene relaciones pragmáticas con múltiples actores— sugiere que hay espacio para autonomía sin confrontación.
El riesgo de largo plazo
Si la escalada Irán-Estados Unidos se convierte en conflicto abierto sostenido, los efectos serían sistémicos: disrupciones en cadenas de suministro, volatilidad de divisas, fuga de capitales de mercados emergentes. Colombia, con una deuda pública que ronda el 60% del PIB y una dependencia significativa de flujos de capital externo, sería vulnerable.
Por ahora, los ataques del 31 de mayo parecen responder a lógicas de disuasión mutua más que a intención de guerra total. Pero cada intercambio reduce el margen de error diplomático. Para Bogotá, la prioridad debe ser monitorear sin pánico, prepararse sin alarmismo, y recordar que en geopolítica global, los pequeños países no tienen lujo de elegir bandos: tienen que elegir cómo navegar.