El Servicio Geológico Colombiano mantiene al volcán Puracé en alerta naranja y, según reportó Caracol Radio, las comunidades indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRUC) confirmaron dos emisiones de ceniza en los sectores Cristales y Loma Linda, con presencia de material volcánico en fuentes de agua potable, cultivos y forraje. La autoridad ancestral Jhoe Cauca agregó que habitantes y ganado presentan sintomatología respiratoria. La prioridad declarada por los voceros es agua potable y atención médica inmediata, y solicitaron a la Gobernación del Cauca y al Gobierno nacional articular los planes de contingencia con la administración municipal.
El Puracé no es un riesgo nuevo. Hace parte del denominado Macizo Colombiano, una de las zonas de mayor actividad volcánica del país, junto con el Huila, el Nevado del Ruiz y el Galeras. La recurrencia del fenómeno y la existencia de alertas técnicas previas obligan a preguntarse por qué la respuesta sigue dependiendo, como en 2019 con la erupción del Nevado del Ruiz, de la capacidad de convocatoria urgente de los entes territoriales, en lugar de un esquema permanente y financiado de gestión del riesgo.
El departamento del Cauca, según el Índice de Desempeño Fiscal del Ministerio de Hacienda, registra de manera sostenida uno de los menores puntajes del país en recaudo propio y ejecución de gasto. A esa fragilidad fiscal se suma una capacidad institucional limitada para atender emergencias simultáneas en zonas rurales dispersas, con población mayoritariamente indígena y campesina, y con vías que en temporada de lluvias se vuelven intransitables. La alerta naranja en Puracé coincide, además, con una crisis de seguridad en varias subregiones del departamento, lo que restringe la movilidad de equipos de salud, bomberos y funcionarios de gestión del riesgo.
En ese contexto, las solicitudes planteadas por el CRUC no son reivindicaciones políticas sino requerimientos operativos básicos: acueducto provisional, atención médica primaria, albergues predefinidos y articulación efectiva entre el nivel municipal, departamental y nacional. Que estas demandas deban formularse cada vez que un volcán cambia su patrón de actividad sugiere que los planes de contingencia no han pasado de ser documentos archivados en los despachos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y de las gobernaciones correspondientes.
El Ministerio del Interior y la UNGRD tienen la competencia de coordinar la respuesta. Corresponde a la Contraloría y a la Procuraduría verificar si los recursos asignados al Cauca para conocimiento y reducción del riesgo fueron ejecutados y si los convenios vigentes con los municipios del área de influencia del Puracé están vigentes y operativos. La defensa del Estado de derecho implica también que el Estado llegue antes de la emergencia, no después de las primeras emisiones de ceniza.
La Bitácora insiste en un punto que parece elemental: la gestión del riesgo no puede ser una improvisación reactivada con cada boletín sísmico. Si el Puracé pasa a alerta roja en las próximas semanas, la pregunta que deberá responder el Gobierno nacional no será técnica, sino de responsabilidad institucional sobre lo que se dejó de hacer durante los años en que la alerta era amarilla.