La intención del presidente electo Abelardo de la Espriella de trasladar la embajada de Colombia a Jerusalén ha desatado una controversia que trasciende la retórica ideológica. Si bien el restablecimiento pleno de relaciones con Israel es una necesidad estratégica y comercial para Bogotá, la ubicación de la representación diplomática no puede ser un gesto simbólico desprovisto de cálculo de riesgos. La reacción del presidente saliente Gustavo Petro, quien calificó la medida como una ofensa a los pueblos islámicos, anticipa la complejidad de una decisión que debe evaluarse con pragmatismo atlantista y no solo con fervor político.
El costo de oportunidad en el mundo árabe
Desde una perspectiva de mercado y relaciones hemisféricas, la política exterior colombiana debe ponderar sus activos. Israel es un socio tecnológico y de seguridad invaluable, pero el mundo árabe y la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) representan mercados emergentes y fuentes de inversión soberana que Colombia apenas comienza a explorar. Un traslado a Jerusalén, sin un consenso internacional amplio o un proceso de paz consolidado, podría interpretarse como una ruptura del equilibrio histórico que Bogotá ha mantenido desde la era de los Acuerdos de Abraham.
No se trata de elegir bandos morales, sino de proteger intereses nacionales. Países como Brasil o Chile han mantenido relaciones robustas con Tel Aviv sin mover sus embajadas, preservando así su acceso a mercados del Golfo y del norte de África. Para Colombia, que busca diversificar sus exportaciones no tradicionales y atraer capital para la transición energética, cerrar puertas en el Medio Oriente por un gesto de alineación automática sería un error de cálculo económico. La diplomacia comercial exige previsibilidad y respeto a los consensos multilaterales, no sobresaltos que pongan en jaque acuerdos de cooperación técnica o energética con naciones árabes.
Institucionalidad y continuidad del Estado
Más allá de la geopolítica, este debate revela la fragilidad de nuestra política exterior ante los cambios de administración. La seguridad jurídica y la credibilidad internacional de Colombia dependen de que las decisiones de Estado no se comporten como un péndulo ideológico cada cuatro años. Mientras el gobierno saliente apela a la Constitución y a los acuerdos de paz previos para frenar la iniciativa, la entrante busca una reconfiguración rápida. Ambas posturas tienen asidero legal y político, pero la ausencia de una política de Estado de largo plazo es lo que realmente nos debilita.
En el eje Bogotá-Washington-Brasilia, la consistencia es la moneda de cambio. Estados Unidos valora la alineación, pero también la estabilidad regional. Una Colombia que modifica su postura sobre Jerusalén sin una estrategia integral de cooperación y comercio podría ser vista como un aliado volátil. La administración entrante tiene la legitimidad democrática para redefinir prioridades, pero la responsabilidad institucional obliga a hacerlo mediante evaluaciones de impacto diplomático y no por decretos de voluntad. El respeto a la libertad de cultos y a los compromisos internacionales no son obstáculos para la soberanía, sino garantías para la inserción inteligente de Colombia en el mundo.
Pragmatismo sobre simbolismo
El restablecimiento de relaciones con Israel es bienvenido y necesario. La cooperación en ciberseguridad, gestión hídrica y agritech es vital para nuestra competitividad. Sin embargo, la sede de la embajada es un medio, no un fin en sí mismo. Si el objetivo es fortalecer la alianza estratégica, existen mecanismos de cooperación profunda que no requieren asumir los costos políticos de un traslado prematuro a Jerusalén. La diplomacia colombiana debe ser profesional, técnica y orientada a resultados tangibles para la ciudadanía, no un escenario de disputas teológicas o gestos de campaña.
La región andina observa con atención. En un vecindario donde el populismo ha erosionado la institucionalidad, Colombia tiene la oportunidad de demostrar que se puede ser pro-mercado, atlantista y respetuoso del derecho internacional simultáneamente. La verdadera grosería no es solo religiosa o política; sería sacrificar el interés nacional de largo plazo en el altar de la inmediatez electoral. El empalme diplomático debe servir para construir puentes de Estado, no para heredar trincheras.