La elección presidencial de 2026 en Colombia no se decidirá únicamente sobre asuntos internos. La política exterior, y en particular la relación con Estados Unidos, aparece como variable diferenciadora entre las candidaturas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, según el análisis de la politóloga Marcela Prieto recogido por La FM.
Prieto señaló que cada candidato plantea rutas distintas en materia de política exterior y, en consecuencia, en el manejo del vínculo bilateral. Las diferencias, de acuerdo con la analista, atraviesan tres ejes: la lucha contra el narcotráfico, el comercio y el manejo de las tensiones diplomáticas.
En el frente antinarcóticos, las discrepancias son las más marcadas. Cepeda, según la lectura de Prieto, mantendría la línea de cooperation con Washington basada en los marcos vigentes, incluida la certificación en política de drogas. De la Espriella, en cambio, plantea una revisión de los acuerdos existentes bajo la tesis de que la estrategia actual ha fracasado, lo que implicaría renegociar términos con la Casa Blanca y el Departamento de Estado.
En materia comercial, la politóloga identifica una distancia similar. La relación bilateral está anclada en el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2012, cuya primera década de operación muestra resultados mixtos según balances de la DIAN y del Ministerio de Comercio. Un eventual giro en la política exterior supondría modificar la arquitectura de acceso preferencial a mercados, con efectos sobre sectores exportadores agrícolas e industriales.
El tercer eje, las tensiones diplomáticas, es el más sensible. Estados Unidos ha sido el principal socio de Colombia en seguridad y el garante operativo de la cooperación antinarcóticos a través de la DEA y del Plan Colombia, sucedido por la Estrategia Integral de Interdicción. Cualquiera de los dos escenarios electorales, según Prieto, redefine el tono de la interlocución con Washington.
La politóloga fue categórica al afirmar que “habrá caminos distintos” según quien resulte electo. La frase, atribuida por La FM, condensa una realidad que el debate electoral colombiano suele postergar: la política exterior no es un capítulo decorativo del programa de gobierno. Es una restricción estructural que condiciona la autonomía fiscal, la cooperación en seguridad y la inserción comercial del país.
Para el establishment institucional, esta elección plantea una disyuntiva conocida. La tradición diplomática colombiana desde 1999 ha oscilado entre gobiernos que profundizan la alineación con Washington —en especial en seguridad y drogas— y gobiernos que, sin romper el vínculo, intentan diversificar la agenda hacia Asia-Pacífico y Europa. Ninguno de los dos ha pretendido una ruptura abrupta, consciente del costo en asistencia técnica, cooperación judicial y acceso a mercados.
Lo que Prieto describe es, en buena medida, una reedición de ese péndulo, con un matiz nuevo: ambos candidatos coinciden en la necesidad de revisar la estrategia antidrogas, aunque por razones distintas. La diferencia está en el método, en la velocidad del cambio y en la disposición a pagar los costos políticos de una renegociación con la principal potencia hemisférica.
El dato que el debate electoral debe poner sobre la mesa es cuánto costaría, en términos de cooperación y comercio, cada uno de esos “caminos distintos” que menciona la analista. Sin esa cuantificación, la discusión sobre política exterior seguirá siendo declarativa y, por tanto, inoficiosa para el elector.
La política exterior no admite improvisaciones. Se construye sobre tratados vigentes, sobre confianza acumulada y sobre intereses que no se modifican por coyunturas electorales internas. Cualquiera que sea el ganador en 2026, heredará una relación bilateral con más de dos siglos de continuidad, y la obligación de gestionarla sin deteriorar los activos estratégicos que Colombia ha construido desde el Plan Colombia.