Cuando el riesgo país de una nación sube, los economistas hablan de “prima de riesgo” como si fuera un número abstracto. No lo es. Es el costo real que pagan los colombianos cada vez que el Estado necesita financiarse: tasas de interés más altas en créditos hipotecarios, menos inversión extranjera directa, y presupuestos públicos más ajustados para educación y salud.
Colombia está en ese punto de inflexión donde la retórica choca con los indicadores. Los mercados de deuda soberana no mienten. Hace poco más de tres años, el diferencial de rendimiento entre bonos colombianos y bonos del Tesoro estadounidense (el spread de CDS, o Credit Default Swap) rondaba los 150 puntos básicos. Hoy, después de cambios de política fiscal, energética y de seguridad, ese número ha oscilado sin mostrar una tendencia clara de mejora estructural. Eso no es casualidad.
Energía: la deuda que no se ve en el balance
El sector energético es el termómetro de la confianza inversora en Colombia. Una nación que no puede garantizar suministro eléctrico confiable no puede atraer manufactura, no puede retener talento, no puede crecer. Durante 2024 y lo que va de 2025, Colombia ha enfrentado presiones hídricas que han obligado a importar energía y a racionarla. Eso no es un problema meteorológico solamente; es un problema de planificación de largo plazo.
La transición energética es inevitable. Los mercados globales están repricing activos fósiles. Pero Colombia no puede hacer esa transición con la velocidad que algunos sectores demandan si no tiene inversión en renovables, en transmisión, en almacenamiento. Eso requiere capital privado. Y el capital privado no llega cuando hay incertidumbre regulatoria.
Institucionalidad y deuda: el círculo vicioso
El segundo factor que explica la presión en riesgo país es la credibilidad fiscal. Colombia tiene una deuda pública que ronda el 60% del PIB (según cifras del Banco de la República). No es la más alta de la región —Brasil está por encima—, pero la trayectoria importa más que el nivel actual. Si la deuda crece más rápido que el PIB nominal, los mercados anticipan problemas.
Aquí es donde la institucionalidad entra en juego. Un Estado con instituciones sólidas, con separación de poderes funcional, con un banco central independiente, puede endeudarse con tasas razonables porque los acreedores creen que la deuda será honrada. Un Estado donde los poderes se erosionan, donde hay dudas sobre la independencia de la justicia o del regulador, paga más caro por el mismo dinero.
La comparación regional que duele
Nicaragua y Venezuela están fuera del mercado internacional de deuda. Cuba no accede a crédito en términos comerciales. Perú ha pasado por crisis de gobernanza que dispararon su riesgo país a 400 puntos básicos. Ecuador dolarizó su economía después de perder acceso a mercados.
Colombia no está en esa categoría. Pero tampoco está en la de Chile o Uruguay, que cotizan con spreads por debajo de 100 puntos básicos. Estamos en el medio incómodo: con acceso a mercados, pero con primas de riesgo que reflejan incertidumbre sobre la dirección de las políticas.
Qué necesita cambiar
El cambio de rumbo que demandan los mercados no es ideológico. Es técnico. Requiere:
En energía: un plan creíble de inversión en generación renovable y transmisión que no dependa de decretos que cambian cada seis meses. Los inversores necesitan reglas del juego estables por una década.
En finanzas públicas: una trayectoria clara de reducción del déficit fiscal. No es austeridad por austeridad; es disciplina que permita que la deuda se estabilice como porcentaje del PIB.
En institucionalidad: fortalecer la independencia de la Junta Directiva del Banco de la República, respetar los fallos judiciales aunque incómoden al gobierno, y evitar la captura regulatoria.
En seguridad: demostrar que el Estado recupera presencia territorial. Eso atrae inversión en zonas que hoy están abandonadas.
Nada de esto es novedoso. Nada de esto es ideológicamente imposible. Pero todo requiere consistencia, y la consistencia es lo que los mercados están cuestionando.
El costo de no actuar
Si Colombia no corrige el rumbo, los costos son acumulativos. Tasas más altas significan menos inversión privada. Menos inversión privada significa menos empleo y menos crecimiento. Menos crecimiento hace más difícil servir la deuda. Y la deuda más difícil de servir genera más desconfianza. Es el círculo vicioso que ha atrapado a otros países de la región.
Colombia tiene ventajas que otros no tienen: acceso a mercados, instituciones que, aunque erosionadas, siguen funcionando, y una clase empresarial que sigue apostando por el país. Pero esas ventajas no son eternas. Se erosionan si no se cultivan.
El riesgo país no es un número. Es la medida de cuánto confían los mercados en que un gobierno hará lo que dice. Colombia necesita recuperar esa confianza. No con discursos. Con decisiones.