La confirmación de la séptima víctima mortal oriunda de Campo de la Cruz, Atlántico, tras el reciente terremoto en Venezuela no es solo un dato luctuoso; es un indicador de la profunda interdependencia asimétrica que existe entre ambas naciones. La muerte de Yadira Rivera Canaval, de 63 años, hallada bajo los escombros de un edificio donde laboraba, junto con la solicitud de sus familiares para cremar los restos ante la imposibilidad de repatriación o la condición de los cuerpos, ilustra una realidad que trasciende la geología: la migración colombiana en Venezuela opera bajo un manto de informalidad y desprotección estatal que amplifica cualquier shock externo.
Desde Bucaramanga y con la mirada puesta en la dinámica regional, resulta imperativo analizar este evento no como un hecho aislado, sino como una consecuencia directa del deterioro institucional vecino. Cuando un Estado pierde la capacidad de garantizar infraestructura segura, códigos de construcción vigentes y sistemas de respuesta ante emergencias, los migrantes —quienes suelen ocupar los estratos más vulnerables de la economía informal— se convierten en la primera línea de exposición ante desastres naturales. Según estimaciones de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, millones de colombianos residen en Venezuela, muchos en condiciones de hacinamiento y sin acceso a seguros o redes de protección social, lo que convierte un sismo en una crisis humanitaria binacional.
La asimetría de la protección consular
La tragedia de Campo de la Cruz plantea interrogantes urgentes sobre la eficacia de la asistencia consular y los mecanismos de cooperación en gestión del riesgo. En un marco de relaciones hemisféricas funcional, la respuesta ante desastres naturales debería estar protocolizada mediante acuerdos bilaterales que permitan la identificación forense ágil, la repatriación digna y la asistencia legal a las familias. Sin embargo, la realidad operativa dista de ese ideal atlantista e institucionalista que defendemos. La necesidad de que los familiares opten por la cremación in situ, como ocurrió con Rivera Canaval y Erinson Alfaro, sugiere barreras logísticas y burocráticas que el Estado colombiano no ha logrado sortear con la celeridad que exige la magnitud de la diáspora.
Esta vulnerabilidad contrasta con los estándares que Colombia ha alcanzado en su propia gestión del riesgo y en sus relaciones con socios como Estados Unidos y la Unión Europea. Mientras Bogotá avanza en protocolos de seguridad y defensa con Washington y Brasilia, la frontera con Venezuela sigue siendo un punto ciego en términos de resiliencia compartida. No se trata de politizar la tragedia, sino de reconocer que la ausencia de Estado de derecho en el país vecino tiene costos tangibles para la seguridad humana de los colombianos. La alcaldesa Vanessa Torres confirmó que aún hay seis personas desaparecidas; esta incertidumbre es, en sí misma, un producto de la opacidad institucional venezolana.
Lecciones para la política exterior colombiana
El caso de Campo de la Cruz debe servir como catalizador para revisar la agenda bilateral más allá de la retórica diplomática. Desde una perspectiva pro-mercado y de respeto institucional, la protección de los connacionales en el exterior no puede depender de la buena voluntad coyuntural, sino de estructuras formales de cooperación. Es necesario fortalecer los canales técnicos con organismos multilaterales que operan en Venezuela, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para suplir los vacíos que deja la bilateralidad directa.
Además, este evento reafirma la importancia de mantener una lectura regional comparativa. Así como hemos analizado los riesgos de la migración en Nicaragua o la precariedad en Cuba, debemos entender que la estabilidad venezolana es un componente de la seguridad nacional colombiana. Un vecino incapaz de responder a un terremoto es también un vecino incapaz de contener flujos migratorios desordenados en futuras crisis. La solidaridad con las víctimas de Campo de la Cruz exige, por tanto, una política exterior pragmática que priorice la protección de la vida y la dignidad de los colombianos, independientemente de las afinidades ideológicas de los gobiernos de turno.
La cifra de siete muertos y seis desaparecidos de un solo municipio atlanticense es un recordatorio doloroso de que, en la geopolítica andina, las fallas tectónicas y las fallas institucionales suelen activarse simultáneamente. Ignorar esta correlación sería un error estratégico que Colombia no puede permitirse.