Horas después de su posesión, el presidente Abelardo de la Espriella instaló en Cali el primer Consejo de Seguridad del Suroccidente colombiano. La reunión, que se extendió hasta la madrugada del sábado 8 de agosto de 2026, convocó a los gobernadores de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, junto con los alcaldes de las principales ciudades de la región, según reportó Vanguardia.
El mensaje de los mandatarios territoriales fue coincidente en sus términos. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, afirmó que, según su lectura, “la Nación nos falló en el gobierno anterior” y sostuvo que la respuesta departamental fue la tasa de seguridad, con la cual, en sus palabras, “fortalecimos las capacidades de nuestra Fuerza Pública”. La frase resulta relevante porque ordena el tono del nuevo ciclo: las regiones llegan a la mesa con una factura política y con recursos propios ya ejecutados, no con peticiones en abstracto.
Toro también manifestó respaldo a la aspersión aérea, una de las propuestas centrales del discurso de posesión de De la Espriella, pero lo condicionó a programas de sustitución con alternativas productivas para las comunidades. La exigencia pone sobre la mesa una articulación específica: aspersión y sustitución como herramientas simultáneas, no excluyentes. Es un punto que contrasta con la política reciente: durante el gobierno de Gustavo Petro la aspersión con glifosato fue suspendida y la sustitución se concentró en programas que, según informes de la Contraloría y de la UNODC ampliamente citados, tuvieron resultados discutibles en cobertura y sostenibilidad. Que el propio Valle plantee la necesidad de recuperar ambas herramientas es un diagnóstico que el nuevo Gobierno debería leer con atención documental.
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, resumió el encuentro con una fórmula que conviene no pasar por alto: “necesitamos más seguridad, más presencia del Estado y resultados”. Según el reporte de Vanguardia, los mandatarios coincidieron en la necesidad de fortalecer la presencia institucional y de obtener resultados concretos frente a las problemáticas de seguridad de la región. La enumeración no es retórica: incorporar “resultados” en el primer Consejo de Seguridad de un gobierno marca una posición inicial de los territorios frente a la improvisación.
A partir de lo reportado por Vanguardia, hay tres elementos que el nuevo Gobierno debería convertir en política pública verificable, no en declaración inaugural. Primero, la articulación operativa de ministerios, Fuerza Pública y gobernaciones en una cadena de mando regional con indicadores trimestrales públicos. Segundo, la coordinación entre aspersión y sustitución, con cronogramas diferenciados por municipio y presupuesto asignado, no con protocolos de coordinación sin responsable presupuestal. Tercero, la consolidación de la tasa de seguridad del Valle y la eventual creación de figuras similares en Cauca y Nariño, que demostrarían que los territorios están dispuestos a cofinanciar un plan creíble. Esa disposición, sin embargo, opera como un crédito político de corto plazo: se ejecuta o se agota en el próximo Consejo de Seguridad.
El Consejo de Seguridad terminó, según la publicación de Toro en su cuenta de X reproducida por Vanguardia, “en absoluta reserva”. La opacidad del cierre es comprensible en lo operacional, pero deja un riesgo evidente: sin actas públicas y sin compromisos medibles, la primera cita queda en el registro de la foto. Queda por ver si la ruta anunciada se traduce en decretos, contratos en Secop II y resultados territoriales verificables, o en otra ronda de buenas intenciones.
La Bitácora seguirá leyendo las gacetas oficiales, los decretos y los procesos contractuales del Suroccidente para verificar si el Consejo de Cali se convierte en la primera decisión ejecutable del mandato de De la Espriella o en una promesa más. Las regiones ya pusieron sobre la mesa su lectura del pasado reciente y sus condiciones para el ciclo que arranca. La respuesta ahora corresponde al Gobierno nacional.