Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de Colombia y, como es habitual en estos tránsitos, eligió un eje temático para su primer mensaje: la seguridad. La BBC Mundo registró que la ceremonia incluyó una oración y alabanza religiosa antes del discurso, y que el nuevo mandatario dedicó buena parte de su intervención a la fuerza pública y a marcar distancia del gobierno saliente de Gustavo Petro.
La fórmula es conocida en la política colombiana: un diagnóstico de crisis —en este caso, de orden público— y la promesa de una respuesta firme, casi siempre sintetizada en la expresión “mano dura”. El problema es que esa frase ha perdido precisión analítica con el uso. Puede significar presencia militar sostenida en zonas de conflicto, puede significar reforma policial, puede significar endurecimiento de penas, o puede significar, simplemente, una declaración de voluntad política sin contenido operativo.
De la Espriella llega al Palacio de Nariño en un contexto particular. El país arrastra indicadores de violencia que, según reportes de la Policía Nacional y de la Defensoría del Pueblo a lo largo de los últimos años, no han mostrado una mejoría consistente. Las disidencias de las FARC, el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y estructuras criminales menores mantienen presencia en al menos 250 municipios, según el último mapa de riesgo del Ministerio de Defensa citado por medios internacionales. Esa es la herencia que recibe el nuevo gobierno, y es legítima la decisión de poner el tema en el centro.
Ahora bien: en política de seguridad, el diablo está en los detalles. La pregunta que debe responder el nuevo gobierno en sus primeras semanas no es si habrá mano dura, sino bajo qué estrategia, con qué marco legal, con qué fuerza pública profesionalizada y con qué articulación con la Fiscalía y la Rama Judicial. Una política de seguridad seria requiere, como mínimo: un Plan Nacional de Seguridad aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, con metas medibles; una reforma a la Policía que preserve la doctrina de derechos humanos; una estrategia diferenciada para crimen organizado,.groups armados con vocación política y delincuencia común; y un sistema de seguimiento interinstitucional que permita al Congreso y a los organismos de control verificar resultados.
Nada de eso se sustituye con un eslogan. La historia reciente ofrece lecciones. La política de “seguridad democrática” del expresidente Álvaro Uribe tuvo como columna vertebral la consolidación territorial, la profesionalización militar y la inversión en inteligencia, no solo retórica de autoridad. La “paz total” de Petro, en cambio, diluyó sus resultados por la falta de criterios claros para distinguir entre estructuras negociables y organizaciones que debían perseguirse con todo el peso del Estado. Ambos extremos ofrecen enseignements: el primero, que la retórica sin arquitectura institucional es insostenible; el segundo, que la confusión entre política criminal y negociación política también lo es.
También merece atención la ruptura discursiva con Petro. La transición de gobierno en Colombia suele incluir gestos de colaboración entre administraciones saliente y entrante, sobre todo en temas de seguridad nacional y orden público. Si esa colaboración no se materializa en los próximos meses, los colombianos podrían enfrentar una parálisis operativa en inteligencia, presupuesto y coordinación interinstitucional. El nuevo presidente debería explicitar si habrá empalme técnico en el Ministerio de Defensa, la Policía y la Fiscalía, o si se optará por una ruptura total. La segunda opción es legítima en términos democráticos, pero costosa en términos prácticos.
La oración y la alabanza que abrió la ceremonia añaden otro elemento. Colombia es un Estado laico, y aunque la religiosidad de un mandatario es un asunto personal, su exhibición en actos oficiales merece reflexión. La política de seguridad, en particular, requiere consensos amplios que difícilmente se construyen desde una cosmovisión particular.
De la Espriella tiene cuatro años para demostrar que su diagnóstico se traduce en política pública verificable. La prensa, la oposición, los organismos de control y la ciudadanía harán bien en tomarle la palabra desde el primer día. La mano dura, sin plan, es solo un titular inaugural. Y los titulares, como sabemos, no detienen a nadie.