La tragedia sísmica en Venezuela ha vuelto a poner en evidencia una realidad que los indicadores macroeconómicos suelen ocultar: la profunda asimetría entre la capital y el resto del territorio nacional. Mientras la atención mediática y los recursos de emergencia se concentran en La Guaira, otras localidades afectadas por los mismos movimientos telúricos reportan abandono estatal y una ausencia preocupante de protocolos de protección civil. Esta disparidad no es un accidente logístico; es la consecuencia directa de más de dos décadas de erosión institucional y centralismo extremo.
Para Colombia, observar esta dinámica resulta indispensable. No se trata solo de solidaridad hemisférica o de monitorear los flujos migratorios que inevitablemente se reactivan tras desastres de esta magnitud. Se trata de entender cómo la degradación de la capacidad estatal en nuestro vecino más cercano genera riesgos sistémicos para toda la región andina. Un Estado que no puede garantizar una respuesta técnica y descentralizada ante una catástrofe natural es, por definición, un vecino inestable para la seguridad y la economía colombianas.
Centralismo como factor de vulnerabilidad
La Constitución venezolana de 1999 estableció un marco federal que, en la práctica, fue desmantelado progresivamente mediante la recentralización de competencias y recursos. Las gobernaciones y alcaldías perdieron autonomía fiscal y administrativa, quedando supeditadas a la discrecionalidad del Ejecutivo nacional. Cuando ocurre un desastre, la cadena de mando no responde a criterios técnicos de protección civil, sino a lealtades políticas y a la disponibilidad de divisas asignadas desde Miraflores.
Esta estructura explica por qué la respuesta es rápida donde hay interés político y nula donde no lo hay. Según reportes de organizaciones de la sociedad civil y medios internacionales como la BBC, habitantes de zonas menos visibles afirman sentirse desasistidos a una semana de los sismos. Esta percepción no es subjetiva; refleja la inexistencia de instituciones locales con capacidad real de gestión de riesgos. En contraste, países con marcos institucionales más sólidos y descentralizados en la región han demostrado que la autonomía territorial es un componente clave de la resiliencia ante desastres.
Desde una perspectiva atlantista y pro-mercado, la lección es clara: la eficiencia en la gestión pública depende de reglas claras y de la separación efectiva de poderes. Cuando el Estado se convierte en un instrumento de control político, pierde su función primordial de proveedor de bienes públicos esenciales, incluida la seguridad ante emergencias.
Implicaciones para la relación Bogotá-Caracas
La fragilidad expuesta por el terremoto tiene derivaciones inmediatas para Colombia. En primer lugar, el aspecto humanitario y migratorio. La falta de atención en el interior venezolano acelera los desplazamientos hacia la frontera, presionando nuestros sistemas de salud, educación y mercado laboral informal en ciudades como Cúcuta, Arauca y Maicao. No es una migración planificada ni ordenada; es un flujo reactivo ante el colapso de servicios básicos, lo que dificulta cualquier política de integración sostenible.
En segundo lugar, la cooperación internacional. Washington y Bruselas observan con preocupación cómo la ayuda humanitaria y los fondos de reconstrucción pueden ser instrumentalizados si no existen contrapesos institucionales. Para los socios atlantistas de Colombia, la estabilidad venezolana es un requisito para la seguridad hemisférica. Sin embargo, la experiencia reciente sugiere que inyectar recursos sin reformas estructurales que restauren la autonomía local y la transparencia fiscal solo perpetúa la dependencia y la ineficiencia.
Es necesario ser escépticos tanto ante las narrativas que politizan la ayuda humanitaria desde el exterior como ante la retórica de soberanía absoluta que utiliza el régimen para rechazar asistencia técnica independiente. Los derechos civiles básicos incluyen el derecho a ser protegido ante desastres naturales. Cuando un Estado falla sistemáticamente en esta tarea, la comunidad internacional tiene la responsabilidad ética y estratégica de actuar, pero debe hacerlo con mecanismos que fortalezcan a la sociedad civil y a las instancias técnicas locales, no al aparato político central.
Lecciones para la resiliencia regional
El caso venezolano sirve como advertencia para toda la región andina. La inversión en infraestructura resiliente y en sistemas de alerta temprana debe ir acompañada de un fortalecimiento institucional genuino. Los bancos multilaterales y los socios comerciales deberían condicionar el apoyo post-desastre a la existencia de marcos de gobernanza descentralizados y auditables.
Para Colombia, la prioridad debe ser mantener canales de comunicación técnica con actores locales venezolanos que aún mantienen capacidades operativas, más allá del gobierno central. La estabilidad de nuestra frontera depende de que existan interlocutores funcionales al otro lado. Ignorar la dimensión institucional de los desastres naturales en Venezuela es un lujo que la geopolítica andina no puede permitirse. La tragedia de La Guaira y el silencio en otras regiones no son solo noticias de actualidad; son indicadores adelantados de los desafíos que enfrentaremos en los próximos años.