¿Puede un país endeudarse más barato, crecer y reducir su déficit primario al mismo tiempo? Esa es la promesa central de lo que el gobierno ha bautizado como la “Patria Milagro”, y la pregunta que deberíamos hacerle no es retórica sino técnica. Porque en economía, como en física, los milagros suelen obedecer a leyes que conviene no ignorar.
Armando Armenta, en su análisis para La República, señala con precisión lo que el Plan de Desarrollo denomina triunfalmente: lograr financiamiento más barato, crecimiento sostenido, peso fuerte y un déficit primario en contracción hacia el 1% del PIB. La ambición no es reprochable. Todo gobierno legítimo puede aspirar a mejores condiciones crediticias y a una consolidación fiscal ordenada. El problema comienza cuando la retórica presidencial transforma una agenda económica compleja en narrativa messiánica, como si la voluntad política bastara para suspender las restricciones presupuestarias.
Aquí conviene recordar a Tocqueville, quien observó que las democracías modernas tienden a confundir la facilidad del discurso con la solidez de las instituciones. El gobierno Petro ha mostrado una predilección recurrente por nombrar lo que aún no existe: primero fue la “potencia mundial de la vida”, ahora es el “milagro”. La técnica no es inocente. Como señaló Hannah Arendt sobre los regímenes totalitarios —y no estamos ante uno, pero la lógica comunicacional merece atención—, la repetición ritual de una frase puede sustituir la prueba empírica por la adhesión emocional. “La Patria Milagro no es pensamiento mágico”, dice el oficialismo. La formulación misma, sin embargo, sugiere que alguien dentro del palacio sabe que así lo parece.
Los números, cuando se examinan con frialdad, plantean interrogantes graves. Colombia lleva décadas con un déficit estructural que la regla fiscal no ha logrado corregir. La deuda pública ronda el 60% del PIB. El financiamiento más barato supone confianza de los mercados, y la confianza —como enseñó Popper sobre la sociedad abierta— no se decreta, se construye con predictibilidad institucional. Pero este gobierno ha alternado el diálogo con los inversores con declaraciones que los espantan: confrontación con el Banco de la República, reformas tributarias improvisadas, señalamientos al sector privado que bordean la demonización. El milagro, en estas condiciones, requeriría no de fe sino de mutatis mutandis en la conducta gubernamental.
No negamos que existan escenarios favorables. Un acuerdo comercial con Estados Unidos renegociado, una inyección de capital extranjero en transición energética, una recaudación inesperada por precios del petróleo: todo es posible en el reino de la contingencia, como diría el Aquinate si le tocara comentar coyuntura. Pero la prudencia fiscal exige programar lo probable, no apostar a la lotería macroeconómica. Y aquí la oposición tampoco tiene voz limpia: quienes hoy exigen rigor son los mismos que en sus gobiernos dilataron el déficit con obras faraónicas y clientelismo electoral. La crítica institucionalista que defendemos en La Bitácora no admite amnesia selectiva.
Lo que nos preocupa, en última instancia, no es el nombre pomposo de un plan. Es la tendencia a sustituir el trabajo de los técnicos por el éxtasis de las masas. La República requiere res publica, cosa pública gestionada con aritmética honesta, no con retórica redentora. Si el gobierno logra efectivamente financiamiento más barato, crecimiento con equidad y déficit controlado, no habrá milagro: habrá buena administración. Y si falla, no será por falta de fe. Será por exceso de ella.