El 29 de julio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunió con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y exmagistrados de la Corte Constitucional para entregarles un documento con cinco propuestas orientadas a reducir la impunidad en la capital. Según reportó Publimetro, el paquete incluye medidas en flagrancia, valoración de historiales delictivos, acceso a cámaras privadas, endurecimiento del concierto para delinquir y uso de inteligencia artificial en los trámites de captura.
Las cinco propuestas, tal como fueron presentadas, pueden sintetizarse así: (i) acortar el tiempo entre captura y sentencia para los detenidos en flagrancia; (ii) reforzar los sistemas de información para que los jueces ponderen capturas e imputaciones previas al decidir medidas de aseguramiento; (iii) eliminar trabas administrativas que hoy limitan a la Policía el acceso a cámaras privadas de vigilancia; (iv) agravar el delito de concierto para delinquir, de modo que los cabecillas respondan por los delitos cometidos por los miembros de sus estructuras; y (v) incorporar herramientas de inteligencia artificial para agilizar capturas y legalizaciones, con el argumento de que los uniformados permanecen largos periodos en procedimientos administrativos en lugar de patrullar.
Hay, en este catálogo, al menos tres elementos que vale la pena examinar con cuidado.
El primero es el de las cámaras privadas. La propuesta de “eliminar barreras administrativas” para que la Policía acceda a footage privado sin orden judicial previa plantea un asunto constitucional sensible. El artículo 28 de la Constitución protege el domicilio y sus extensiones, y la jurisprudencia constitucional ha sido consistente en exigir control judicial para intervenciones que afecten la privacidad. Una medida de este tipo exige una reforma legal seria, no un acuerdo interadministrativo. Pasar por alto ese punto expondría la iniciativa a demandas y a declaraciones de inconstitucionalidad.
El segundo es el del concierto para delinquir. Galán lo plantea como una herramienta para que los cabecillas respondan “por cada delito que cometan los demás miembros” de la estructura. Esa es, en esencia, la figura de la responsabilidad penal por conducción de aparatos organizados, prevista en el artículo 29 del Código Penal y desarrollada por la Corte Suprema en la tesis del “dominio de la organización”. Endurecerla —por ejemplo, equiparándola a la autoría mediata— requeriría una reforma al Código Penal y, probablemente, a la jurisprudencia de la Sala Penal. El propio alcalde acompañó su propuesta con un guiño a los penalistas presentes: Solórzano, Vallejo, Ortiz y Reyes. Ese capital técnico es útil, pero no sustituye el trámite legislativo.
El tercero es el de la inteligencia artificial en la cadena procesal penal. La propuesta es llamativa, pero exige reglas claras sobre validación de evidencia, cadena de custodia y debido proceso. La Corte Constitucional ya ha advertido sobre el uso de algoritmos en decisiones que afectan derechos fundamentales. Sin un marco normativo previo, la IA en la legalización de capturas podría terminar siendo un punto de litigio más que una herramienta de eficiencia.
El contexto institucional también merece lectura. La reunión se produjo en un momento en el que el Ejecutivo ha tenido fricciones con la Fiscalía y con sectores de la Rama Judicial. Que un alcalde de la capital convoque a la Fiscal, a la Sala Penal de la CSJ y a la Judicatura a discutir seguridad urbana es, en sí mismo, un hecho político relevante. A eso se suma la mención del ministro de Justicia designado, Iván Cancino, quien asumiría el 7 de agosto, según el mismo reporte de Publimetro. Si la transición ministerial se concreta con esta agenda encima, el paquete bogotano podría convertirse en un insumo nacional.
Quedan, sin embargo, preguntas sin respuesta pública. ¿Cuál es el texto concreto del articulado propuesto? ¿Se acompañó de estudios de impacto fiscal y de capacidad institucional para la Rama Judicial? ¿Qué dijeron, en detalle, Camargo, Solórzano y Vallejo? El comunicado se queda en la voluntad y la disposición. Una política seria contra la impunidad en Bogotá requiere menos declaraciones y más proyectos radicados. Por lo pronto, el distrito tiene la atención de los jueces; ahora debe convertirla en texto normativo.