Abelardo de la Espriella se reunió el pasado 28 de junio con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la Parroquia Santuario del Divino Niño Jesús, en el barrio 20 de Julio, y de ahí salieron dos videos, varias frases ampulosas y un compromiso genérico de coordinación entre la Casa de Nariño y el Distrito. La escena es políticamente comprensible y editorialmente insuficiente.
Como reportó Infobae Colombia, el presidente electo, que asumirá el 7 de agosto, aseguró que Bogotá volverá a ser prioridad del Gobierno nacional y que trabajarán “mancomunadamente” en seguridad, infraestructura y salud. También habló de una “bomba social” por atender. Galán, por su parte, agradeció el acercamiento y vinculó el encuentro con conversaciones previas entre ambos mandatarios.
Hay tres elementos que vale la pena separar.
Primero, el gesto político. Un alcalde que ha reclamado durante meses más apoyo de la Policía Nacional y de la Fuerza Pública para los delitos de alto impacto no podía desperdiciar la oportunidad de sellar públicamente una alianza con el próximo presidente. La frase de Galán sobre la “coordinación entre el nivel nacional y el nivel local” apunta exactamente al punto crítico: en Bogotá, cerca del 40 por ciento de los delitos ocurren en zonas donde la capacidad operativa depende de la Nación. Si esa coordinación se traduce en más pie de fuerza, inteligencia y articulación con la Fiscalía, el gobierno entrante arrancará con un acierto concreto.
Segundo, el tono. “Cesó la horrible noche para Bogotá” es una frase que pesa. Es la misma construcción retórica que se usó para transiciones políticas traumáticas en América Latina y, por su carga histórica, no parece la más afortunada para una ciudad que, con todos sus problemas, no sale de una dictadura ni de una guerra civil. La “horrible noche” bogotana se llama inseguridad, déficit de vivienda, movilidad colapsada y un sistema de salud al borde del colapso, males reales que no se resuelven con declamaciones.
Tercero, el formato. Una reunión de esa naturaleza, con anuncios de política pública en seguridad, salud e infraestructura, no debería presentarse como un video grabado dentro de un templo. La grabación en redes deja una sensación de espectáculo que varios usuarios de X ya cuestionaron. Las decisiones de fondo sobre la presencia de la fuerza pública en las localidades de mayor violencia, la atención en urgencias o la culminación de obras como la troncal de la calle 13 merecen mesas técnicas, comunicados oficiales y documentos firmados, no un mensaje con música incidental.
El próximo gobierno tiene la obligación de aterrizar cada anuncio. La seguridad en Bogotá se mide en tasas de hurto, homicidio y extorsión desagregadas por UPZ, en número de capturas por flancos delictivos específicos y en resultados de los Consejos de Seguridad que se hagan públicos. La salud se mide en capacidad instalada de urgencias, giro directo a hospitales y cumplimiento del pago a la red pública distrital. La infraestructura, en cronogramas verificables en Secop II.
Galán, además, debería ser cuidadoso. Alinear prematuramente su administración con un gobierno que aún no arranca expone al Distrito a que cualquier fracaso nacional se lea como corresponsabilidad local. La capital necesita del Gobierno nacional, sí, pero también necesita conservar margen propio para fijar prioridades y para exigir resultados.
La promesa ya está hecha. Faltan 39 días para el 7 de agosto. Ahí empezará la prueba.