El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, salió a respaldar el anuncio del presidente electo Abelardo de La Espriella sobre la creación del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, una figura que, según lo informado por Caracol Radio, se materializaría mediante decreto el próximo 7 de agosto y operaría en coordinación con los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
Galán calificó la iniciativa como una “noticia muy importante” y ofreció la disposición de la capital para articularse con el Gobierno Nacional. Hasta ahí, el gesto parece razonable: una alcaldía distrital que se suma a una estrategia nacional contra delitos urbanos no constituye, en sí mismo, un hecho noticioso. Lo relevante está en lo que el alcalde condicionó.
Galán sostuvo que Bogotá requiere un mayor respaldo de la Fuerza Pública para sostener las operaciones contra las bandas dedicadas a la extorsión, el hurto y el tráfico de drogas. Reclamó, además, una revisión de la política criminal del país y pidió que quienes comentan delitos violentos o reinciden en conductas que afectan la vida permanezcan en prisión, en lugar de recuperar la libertad rápidamente.
Hay tres puntos que merecen lectura cuidadosa.
Primero, el lenguaje. Galán habló de “revisar la política criminal”. En boca de un alcalde, esa frase puede significar cosas muy distintas: desde ajustes procedimentales hasta modificaciones de fondo al Código Penal. La ambigüedad no es accidental cuando se negocia con un gobierno entrante. La pregunta concreta es si Bogotá está pidiendo más pie de fuerza, más herramientas judiciales o ambas cosas. La respuesta debería quedar por escrito antes del 7 de agosto, no después.
Segundo, la coordinación interjurisdiccional. El Bloque propuesto por De La Espriella operaría con cinco mandatarios locales. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga tienen dinámicas de criminalidad organizada diferentes. Las estructuras que extorsionan comerciantes en el centro de Bogotá no son las mismas que operan en el sur de Medellín o en el oriente de Cali. Una “operación nacional” basada en “necesidades específicas”, como la describió el presidente electo, exige protocolos diferenciados por ciudad, no un plan homogéneo que termine siendo la suma de cinco buenas intenciones.
Tercero, el componente institucional. Galán insistió en que la estrategia debe acompañarse de un fortalecimiento institucional que permita sostener los resultados en el tiempo. Este punto es clave y suele ser el que falla. Colombia tiene una larga tradición de operativos de seguridad que arrojan resultados durante seis meses y luego se diluyen, porque no hay continuidad presupuestal, ni de mando, ni de inteligencia. Si el decreto del 7 de agosto no incluye mecanismos de seguimiento verificables —indicadores, reportes trimestrales, evaluación de resultados por ciudad—, el Bloque de Defensa correrá el riesgo de convertirse en otro nombre para lo mismo.
La extorsión, el hurto y el homicidio son, según las cifras que el propio Distrito ha reportado en los últimos meses, los delitos que más pesan en la percepción de inseguridad bogotana. Atenderlos requiere, como mínimo, tres condiciones: presencia sostenida de Policía y Ejército Nacional en zonas críticas, judicialización efectiva de las estructuras cabecillas —no solo de los sicarios— y cooperación transfronteriza cuando las bandas tengan ramificaciones internacionales. Ninguna de las tres se resuelve con un decreto.
Galán hizo lo correcto al abrir la puerta. Ahora corresponde que tanto el gobierno entrante como la Alcaldía capitalina traduzcan los gestos en cifras, metas y responsabilidades claras. La seguridad urbana no se negocia con declaraciones; se construye con resultados medibles.