La campaña presidencial de 2026 ya tenía un problema de orden público, y el domingo 14 de junio le apareció un caso testigo. Según reportó El País de Cali, Ángela Caicedo, empresaria de Fusagasugá, fue arrollada por un camión durante una caravana de respaldo al candidato Abelardo de la Espriella, en un punto cercano a la estación de servicio de la rotonda de Lucho Herrera, sobre la vía Bogotá–Girardot. La mujer sufrió múltiples fracturas y una perforación pulmonar, permanece bajo observación médica y su estado fue descrito como crítico en registros difundidos en redes sociales.
El conductor del vehículo de carga fue vinculado formalmente al proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación, mientras los organismos de tránsito verifican las circunstancias del giro que, de acuerdo con videos citados por el mismo medio, terminó impactando a la víctima. Hasta ahora no hay imputación ni hipótesis pública sobre responsabilidad penal más allá de la apertura del expediente.
El episodio no es aislado. La misma campaña había denunciado, días antes, que un grupo de simpatizantes suyos fue atacado con armas blancas en una actividad proselitista en Chía, también en Cundinamarca. La denuncia fue presentada por Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la candidatura, e incluyó registros en los que se observa a una mujer con un cuchillo agrediendo a un seguidor de De la Espriella, y a un ciclista que también portaba arma blanca. Una persona de la tercera edad habría resultado herida de gravedad, según esa versión.
Puestas en serie, las dos situaciones apuntan a un mismo fenómeno: la campaña de calles se está mudando a la vía pública sin la logística que esa mudanza exige. Las caravanas vehiculares, sobre corredores como la Bogotá–Girardot, combinan marchas de simpatizantes, cierre intermitente de carriles, vehículos pesados en movimiento y人群 que circula a pie entre los automotores. La combinación es, por diseño, de alta vulnerabilidad. Cuando un camión gira para entrar a una estación de servicio, la energía del impacto no distingue entre un manifestante y un transeúnte.
Hay aquí una responsabilidad que no se resuelve con un parte de tránsito. Los equipos de campaña que convocan caravanas sobre rutas nacionales tienen a su cargo una obligación básica de coordinación con las autoridades de tránsito, de señalización del recorrido y de control de los márgenes por donde caminan los asistentes. Esa obligación no aparece en ningún manual de marketing político, pero debería estar en cualquier protocolo serio de actividad proselitista en vía pública. Si la campaña de De la Espriella no había solicitado acompañamiento de la Policía de Tránsito ni tenía un plan de manejo vial, la pregunta es por qué. Si lo solicitó y no lo obtuvo, la pregunta es por qué las autoridades locales no lo otorgaron.
Lo que no se puede hacer, en cualquier caso, es convertir la conmoción por la agresión en Fusagasugá en una coartada para normalizar la violencia política en Cundinamarca. El ataque con armas blancas en Chía, denunciando o no, tampoco puede presentarse como motivo suficiente para desplegar caravanas sin medidas de protección para los propios asistentes. La seguridad electoral es una obligación del Estado, pero la seguridad de los participantes en un acto de campaña empieza por el equipo que convoca.
Falta conocer el resultado de la investigación de la Fiscalía, el parte oficial de tránsito y la versión del equipo de campaña sobre las medidas adoptadas el 14 de junio en Fusagasugá. Mientras esa información no esté sobre la mesa, lo que queda es un dato duro: una ciudadana hospitalizada por participar, o por estar cerca, de un acto político. Y un país a tres semanas de una elección que ya se parece demasiado a un operativo de riesgo.
La política electoral colombiana no necesita menos calle. Necesita mejor calle, y campañas que entiendan que movilizar miles de personas por una carretera nacional no es un evento de mercadeo sino una operación logística con consecuencias penales, civiles y políticas cuando algo sale mal.