A una semana de la primera vuelta presidencial del 21 de junio, la campaña electoral colombiana quedó atravesada por un episodio de violencia que merece condena sin matices y, sobre todo, investigación seria. El 14 de junio, en Chía, Cundinamarca, tres personas fueron capturadas después de que simpatizantes de la candidatura de Abelardo de la Espriella fueran atacados con armas blancas —cuchillos, machetes y una cadena de metal— durante un banderazo proselitista. Una mujer adulta mayor resultó herida de gravedad, según reportó Infobae Colombia.
Los hechos fueron denunciados por Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña de De La Espriella, a través de su cuenta en X. Según la denuncia pública de Beltrán —recogida por Infobae—, los denunciantes afirmaron, sin que exista confirmación oficial al respecto, que los agresores serían afines a la candidatura de Iván Cepeda. El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, confirmó las tres capturas y puso el caso en manos de la Policía y la Fiscalía. Beltrán solicitó formalmente que se identifique a los responsables y se les judicialice.
Conviene separar dos planos que suelen mezclarse en el fragor de las campañas.
El primero es el penal. Si tres personas agredieron con armas blancas a ciudadanos que realizaban una actividad política legal, corresponde a la Fiscalía investigar, imputar y, en su caso, solicitar las medidas de aseguramiento que correspondan. La captura no exonera ni condena: el proceso debe avanzar con todas las garantías, y la ciudadanía merece conocer los antecedentes de los detenidos, sus eventuales vínculos con estructuras organizadas y los indicios materiales que sustenten la imputación.
El segundo plano es el retórico. Días antes del ataque en Chía, Beltrán denunció la planificación de actos de vandalismo contra la publicidad y los bienes de voluntarios de la campaña de De La Espriella en distintas zonas del país. Según reportó Infobae, en esa oportunidad Beltrán señaló, sin presentar pruebas, al presidente Gustavo Petro y al candidato Cepeda como supuestos instigadores, junto con colectivos que los acompañarían. Se trata de una afirmación de Beltrán —recogida por el medio sin que se conozcan, hasta ahora, evidencias documentales que la respalden— y conviene leerla como tal: como una denuncia pública de un gerente de campaña, no como un hecho establecido. La afirmación sobre la supuesta instigación de Petro y Cepeda es una hipótesis no probada que, si las autoridades competentes lo consideran pertinente, debería ser investigada.
El abogado Martín Eduardo Botero, cercano a la campaña de De la Espriella, calificó lo ocurrido como “extremadamente grave para la democracia colombiana” y sostuvo, según Infobae, que la campaña previa ha estado marcada por la descalificación y el señalamiento permanente entre colombianos. La observación es pertinente y, como columnista, pregunto: ¿aplica también cuando los señalamientos sin sustento provienen del propio campo que denuncia la agresión?
La Bitácora ha sido crítica del gobierno Petro y de los excesos retóricos del Pacto Histórico. También lo ha sido de la polarización como método. Una agresión con armas blancas contra simpatizantes de cualquier candidatura merece condena sin matices. Y la instrumentalización política del hecho, venga de donde viniere, merece el mismo escrutinio.
Quedan tareas pendientes que no pueden esperar al 21 de junio. La Fiscalía debe informar si los capturados tienen antecedentes, si pertenecen a alguna estructura organizada y si existen elementos que permitan confirmar o descartar la afiliación política que les fue atribuida por los denunciantes. La campaña de De la Espriella debe presentar las pruebas que respalden sus señalamientos contra Cepeda y Petro, o rectificar públicamente. Y el conjunto del sistema político colombiano debería coincidir, al menos una vez, en una frase simple: nadie debe ser agredido por portar una bandera.
La violencia electoral no se combate con más retórica incendiaria. Se combate con investigación seria, sanciones ejemplarizantes y un lenguaje público que no convierta cada hecho aislado en una profecía autocumplida.