A doce días de la primera vuelta presidencial, la campaña de Abelardo De La Espriella reportó un ataque armado contra tres testigos electorales en la vereda Puerto Brasil, municipio de Viotá, Cundinamarca. Según el reporte entregado por el coordinador de la campaña y reseñado por El Heraldo, el vehículo en el que se movilizaban los testigos fue impactado con arma de fuego en la noche del jueves 18 de junio, antes de las 8:00 p.m. El comando territorial afirma que desde hace más de veinte días ha recibido amenazas y que esas denuncias fueron elevadas a consejos de seguridad y reuniones de seguimiento electoral, incluso en una sesión realizada entre las 2:00 p.m. y las 3:30 p.m. del mismo día del ataque (El Heraldo).
El episodio, difundido por el jefe de debate Jaime Andrés Beltrán a través de su cuenta en X, encaja en un patrón documentado por la Misión de Observación Electoral (MOE) en sus informes periódicos: la concentración de hechos de violencia en municipios periféricos donde la presencia institucional es débil y donde el testigo electoral queda expuesto sin protocolos claros de protección. Que el ataque se haya producido horas después de una reunión formal con autoridades locales no es un detalle menor. Si las alertas ya estaban sobre la mesa, la pregunta operativa es qué cambió entre esa reunión y los disparos.
La campaña elevó el caso a las autoridades competentes, en una lista que, según El Heraldo, incluyó a la Fiscalía, el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría, la Policía, el Ejército y la MOE. Es la ruta correcta. Pero la invocación simultánea de casi todas las entidades del Estado suele ser indicio de que ninguna ha tomado el liderazgo del caso. Cuando la respuesta institucional se distribuye en cadena, la responsabilidad se diluye y la protección efectiva no llega. La MOE y la Defensoría deberían publicar, en las próximas 48 horas, un reporte conjunto que establezca si existían alertas previas en Viotá y qué medidas concretas se adoptaron tras las denuncias de la campaña.
El comando de De La Espriella también pidió protección para los testigos, el comité municipal y los integrantes del equipo que, según afirma, continúan bajo amenaza. Esa solicitud obliga a la Unidad Nacional de Protección a pronunciarse con nombre propio: cuántos esquemas fueron asignados, cuáles fueron aprobados y cuáles están en trámite. La opacidad en esa respuesta alimenta la percepción, fundada o no, de que la protección electoral opera con criterios políticos. Una entidad seria debe producir un reporte técnico, no un comunicado.
El contexto nacional refuerza la urgencia. La advertencia del gobierno de Estados Unidos sobre posibles protestas tras las elecciones y el llamado de la procuradora Iris Marín a candidatos y al presidente Gustavo Petro a respetar la diferencia política —también reseñado por El Heraldo el mismo 19 de junio— muestran que la recta final se disputa en un ambiente cargado. En ese entorno, la violencia contra testigos electorales no es un episodio de orden público: es un ataque directo al mecanismo más elemental de la democracia, que es el conteo público y verificable de los votos.
Viotá, además, no es un caso aislado. Cundinamarca concentra rutas logísticas y dinámicas de seguridad que merecen atención específica. La hipótesis de que grupos armados o estructuras criminales estén intentando condicionar el comportamiento electoral en municipios con presencia institucional débil debe investigarse con la misma energía con que se investigan los hechos de corrupción urbana. La Fiscalía, en particular, debe informar si el ataque se enmarca en alguna línea investigativa preexistente sobre coacción al elector.
Por ahora, lo confirmado es lo siguiente: un vehículo fue impactado a bala, tres testigos electorales resultaron ilesos según el reporte de la campaña, y la agresión se produjo en un municipio donde se habían reportado amenazas durante al menos veinte días. El país no puede permitirse que hechos de esta naturaleza queden en denuncia pública sin respuesta judicial, sin protección concreta y sin un informe oficial de las entidades que tenían la información en la mano.
La democracia no se defiende con comunicados. Se defiende con presencia institucional, con investigación y con resultados. Viotá espera esa respuesta.