La detención de Jhon Edinson Chala Torrejano, conocido como alias Víctor Chalá, ocurrió la noche del 12 de junio en el peaje de Flandes, Tolima, según reportó Caracol Radio. La captura se ejecutó mediante orden judicial por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado, y según la misma fuente, en el procedimiento fueron retenidas otras cinco personas. La nota de Caracol Radio detalla que en el operativo se decomisaron armamento, munición, dispositivos móviles de alta gama y 33 millones de pesos en efectivo (Caracol Radio).
Lo que la familia del periodista Mateo Pérez Rueda recibió con la noticia no es solo el inicio de un proceso penal. Es, según declaró su primo Jorge Rueda a Caracol Radio, “un descanso enorme” después de meses de incertidumbre. La captura abre la posibilidad de algo que en Colombia sigue siendo escaso en casos de violencia contra periodistas: un expediente que avance hasta verdad documentada.
Rueda fue explícito en lo que la familia espera, según registró Caracol Radio. Pidió que el detenido, según el relato familiar, “pueda decirle a la gente, sobre todo decirle a su familia, a sus amigos, por qué habría tomado esa decisión” en relación con la muerte de Mateo. Y formuló la pregunta que, según la misma fuente, queda planteada en la familia: “por qué, según su lectura, habrían atacado a un joven que no tenía nada que ver con la guerra”. Esa pregunta no es retórica. Es la materia prima de cualquier proceso de reparación y de cualquier política pública de protección a la prensa.
El caso expone tres problemas estructurales que esta columna ha seguido de cerca.
Primero, la lentitud. Entre el crimen del periodista y esta captura hubo un período extenso durante el cual la familia, según su propio testimonio, no tuvo información oficial sobre avances. Cuando las investigaciones contra estructuras armadas se demoran, la presunción de impunidad se instala antes de que cualquier juez se pronuncie.
Segundo, la movilidad del capturado. La detención en un peaje, con despliegue de fuerza y decomiso de dinero en efectivo, según la descripción de Caracol Radio, indicaría que el señalado cabecilla mantenía capacidad de tránsito por corredores intermunicipales pese a las investigaciones en curso. La pregunta que la Fiscalía General de la Nación deberá responder es cómo un hombre con orden judicial circulaba sin ser interceptado antes.
Tercero, la necesidad de cadena de custodia probatoria robusta. El capturado fue detenido con cinco personas más, armamento y dinero, según la misma fuente. Cada uno de esos elementos debe quedar documentado con rigor para que el proceso no se debilite en etapas posteriores. La experiencia reciente muestra que expedientes inicialmente sólidos se deterioran por fallas en la documentación inicial.
La familia Rueda formuló un llamado concreto: que el proceso avance con rapidez y transparencia y que el caso no quede en la impunidad, según reportó Caracol Radio. Es un llamado que el sistema judicial debe atender con hechos, no con comunicados. La rapidez se mide en audiencias celebradas, no en anuncios de vocería. La transparencia se mide en acceso de las víctimas al expediente, no en ruedas de prensa.
Colombia aparece de manera recurrente en los registros internacionales de periodistas asesinados. Cada caso que llega a una captura efectiva es una excepción estadística, no la regla. Por eso la atención sobre este expediente debe sostenerse más allá del titular del día siguiente.
La verdad que la familia exige no es un favor. Es un derecho de las víctimas reconocido por la Corte Constitucional en múltiples sentencias sobre justicia transicional y por la Ley de Víctimas. Si el detenido tiene información sobre autores intelectuales, rutas de financiación y motivos del crimen, esa información solo se obtiene con un proceso judicial serio, con garantías para el procesado y con acompañamiento efectivo a los familiares.
El gobernador de Antioquia, según reportó Caracol Radio, pidió al Gobierno nacional que el capturado no sea puesto en libertad. La solicitud es comprensible desde la política regional, pero la decisión sobre la libertad corresponde exclusivamente a la Fiscalía y a un juez de control de garantías, no a instancias políticas. Respetar esa frontera es lo que diferencia a un Estado de derecho de uno que administra justicia por presión.
La columna de hoy termina donde debe terminar: en la pregunta que la familia, según Caracol Radio, ha dejado planteada. La respuesta, si llega, no devolverá a Mateo Pérez Rueda. Pero establecerá un precedente sobre cómo Colombia trata a quienes informan en zonas de conflicto.
El periodismo regional sigue siendo el más expuesto. La protección no puede seguir siendo solo un eslogan.