La tragedia derivada del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al occidente colombiano el pasado 10 de agosto ha activado, más allá del dolor humano y la destrucción material, una prueba de estrés para la institucionalidad forense del país. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) reportó la recepción de 165 cuerpos procedentes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, de los cuales ya se han identificado plenamente 43 víctimas. Esta cifra, aunque preliminar y trágica, revela una realidad operativa que trasciende la coyuntura: la existencia de una capacidad técnica estatal que funciona bajo protocolos científicos y no bajo discrecionalidad política.
En un contexto regional donde las catástrofes naturales suelen convertirse en escenarios de opacidad o instrumentalización ideológica, la labor de identificación forense en Colombia se erige como un diferenciador crítico. Mientras regímenes autoritarios en el hemisferio tienden a ocultar cifras de mortalidad para proteger narrativas de eficiencia ficticia, o carecen de la infraestructura básica para procesar restos humanos con dignidad, Colombia mantiene operativo un sistema que, pese a sus limitaciones presupuestales históricas, cumple con estándares internacionales de cadena de custodia y verificación genética.
La técnica como garantía de derechos
El proceso de entrega de cuerpos, coordinado estrictamente con la Fiscalía General de la Nación en las sedes municipales correspondientes, no es un mero trámite administrativo. Es la materialización del Estado de derecho en su expresión más elemental: el derecho a la verdad y a la identidad, incluso después de la muerte. Desde una perspectiva atlantista y pro-institucional, resulta vital defender estos espacios técnicos de cualquier intento de cooptación. La gestión de desastres no puede ser capturada por el populismo ni convertida en plataforma proselitista; debe permanecer como una función pública profesionalizada.
La identificación de estas 43 personas permite a las familias acceder a mecanismos de aseguramiento, indemnizaciones y cierre emocional. Sin esta base técnica verificable, cualquier asistencia estatal posterior carecería de fundamento legal y se convertiría en dádiva discrecional. Aquí radica la importancia de fortalecer, y no debilitar, la autonomía de entidades como Medicina Legal. En momentos de crisis, la confianza en las instituciones depende enteramente de su capacidad para entregar resultados basados en evidencia, no en retórica gubernamental.
Desafíos logísticos y lecciones regionales
Sin embargo, la proporción entre cuerpos recibidos e identificados advierte sobre cuellos de botella que deben atenderse con urgencia. Identificar menos del 30% de los ingresados en las primeras horas críticas sugiere que la capacidad instalada en regiones como el Chocó sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de eventos sísmicos de esta escala. Comparativamente, países con menor riesgo sísmico pero mayor inversión preventiva en infraestructura forense descentralizada logran tiempos de respuesta más cortos. Colombia necesita traducir su experiencia acumulada en violencia y conflicto armado —que paradójicamente ha desarrollado una de las mejores capacidades forenses del mundo— en una resiliencia civil ante desastres naturales.
La coordinación interinstitucional observada hasta ahora entre Medicina Legal y la Fiscalía es un acierto que debe mantenerse. Cualquier fractura en esta articulación, sea por disputas burocráticas o por intentos de centralización excesiva desde el ejecutivo nacional, pondría en riesgo la integridad del proceso. Para los socios comerciales y aliados estratégicos de Colombia en Washington y Bruselas, la seriedad en la gestión post-desastre es también un indicador de estabilidad y gobernabilidad. Un Estado que identifica a sus muertos con ciencia y respeto es un Estado que honra sus compromisos internacionales y protege a sus ciudadanos sin distinción.
La tarea inmediata es apoyar logística y financieramente la culminación de las identificaciones pendientes, garantizando que los recursos lleguen a los laboratorios y no se diluyan en intermediarios. A mediano plazo, la lección es clara: la fortaleza institucional no se mide solo por indicadores macroeconómicos o tratados de libre comercio, sino por la capacidad de responder con dignidad y eficacia técnica cuando la tierra tiembla. Defender a Medicina Legal y a la Fiscalía en su rol técnico es, en última instancia, defender la esencia misma de la república frente a la adversidad.