La convocatoria a las urnas de más de veintisiete millones de ciudadanos peruanos para definir su próximo mandato es, en la superficie, un ejercicio democrático rutinario. Sin embargo, la estrecha paridad entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, agudizada por el conteo de los sufragios en las provincias agrarias, esconde una realidad mucho más compleja. El país andino se apresta a recibir a su noveno jefe de Estado en apenas diez años. Para quienes analizamos el riesgo político desde Colombia, esta cifra no es una simple curiosidad estadística, sino el síntoma más evidente de una enfermedad institucional crónica que amenaza la estabilidad de toda la región.
El costo de la fragmentación andina
Perú no es una isla geopolítica. Es un pilar fundamental de la Comunidad Andina y un socio insustituible en la Alianza del Pacífico. Cuando la gobernabilidad en Lima colapsa, las ondas expansivas afectan directamente a Bogotá. La integración comercial y la proyección de nuestros intereses conjuntos ante Washington, Bruselas y Londres requieren de socios predecibles. La crónica incapacidad del sistema político peruano para sostener un gobierno durante un ciclo completo destruye la planificación a largo plazo y ahuyenta la Inversión Extranjera Directa.
Organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han documentado extensamente la peligrosa dicotomía peruana: una macroeconomía que históricamente ha mostrado resiliencia gracias a su banco central autónomo, contrastada con una clase política que opera bajo lógicas de facción y venganza. El libre comercio y la seguridad jurídica, banderas que defendemos firmemente, no pueden florecer en un entorno donde el Congreso utiliza la vacancia presidencial como un arma de extorsión cotidiana.
Dos modelos de riesgo institucional
Analizar esta segunda vuelta exige evitar las simplificaciones binarias. Por un lado, la coalición que respalda a Sánchez agrupa a sectores de la izquierda que, en sus facciones más radicales, coquetean con el estatismo y el populismo redistributivo que ya ha demostrado su capacidad para deteriorar las instituciones en naciones vecinas. Por otro lado, el fujimorismo carga con el lastre de una marca política asociada a graves escándalos de corrupción y a un legado histórico de ruptura democrática, aunque su discurso actual intente presentarse como el único dique de contención frente al radicalismo.
Ninguna de las dos opciones garantiza por sí sola el fortalecimiento del Estado de derecho, la separación de poderes o la independencia judicial. La polarización peruana ha secuestrado el debate técnico, reduciendo la contienda a un plebiscito emocional donde el votante elige al candidato que menos rechazo le genera, en lugar de votar por un programa de consolidación institucional.
Seguridad hemisférica y el factor migratorio
Más allá de los aranceles y los tratados, la inestabilidad en Lima tiene implicaciones directas en la seguridad del corredor andino. Las organizaciones criminales transnacionales y las economías ilegales, como la minería no regulada y el narcotráfico, prosperan en los vacíos de autoridad. Un Ejecutivo peruano debilitado, que deba gastar su capital político en sobrevivir a mociones de censura, carece de la fuerza necesaria para articular estrategias de seguridad conjuntas con Colombia y Estados Unidos.
Además, la Organización de los Estados Americanos ha sido enfática en la necesidad de respetar los resultados electorales. Si la facción perdedora decide desconocer el veredicto de las urnas alegando fraude sin evidencia empírica, nos enfrentaremos a una nueva crisis de legitimidad que pondrá a prueba la Carta Democrática Interamericana.
Colombia necesita un Perú funcional. No solo por la fraternidad histórica que nos une, sino porque el eje Bogotá-Lima es vital para mantener una postura coherente y de fuerza en el hemisferio. La región no soporta un décimo presidente en once años.