El mercado laboral colombiano sigue mostrando una paradoja que ninguna reforma estructural ha logrado resolver en las últimas dos décadas. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la informalidad ocupacional se situó en 55,1% para el trimestre móvil de febrero a abril de 2026. Aunque esta cifra representa una reducción anual de 1,7 puntos porcentuales, el dato que realmente debe encender las alarmas en los gremios productivos y en el Ministerio de Hacienda no es el agregado, sino su composición interna: seis de cada diez trabajadores informales lo hacen por cuenta propia.
Esta prevalencia del autoempleo de subsistencia no es un signo de emprendimiento dinámico, como a veces se romantiza desde la retórica política, sino un síntoma de baja productividad y escasa acumulación de capital. En términos de desarrollo económico, un trabajador por cuenta propia en la informalidad carece de economías de escala, acceso a crédito formal y protección ante choques externos. Para Colombia, esto significa que más de la mitad de su fuerza laboral opera en unidades productivas que difícilmente podrán integrarse a cadenas globales de valor o tributar de manera sostenible.
El costo de oportunidad regional
Al comparar esta realidad con nuestros socios comerciales y vecinos hemisféricos, la brecha se vuelve evidente. Mientras en Chile y Uruguay la informalidad oscila entre 25% y 30% según datos recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en México ronda el 50%, la calidad del empleo informal difiere sustancialmente. En economías con mayor integración comercial y seguridad jurídica, el trabajo independiente tiende a estar más vinculado a servicios profesionales o técnicos. En Colombia, por el contrario, se concentra en comercio minorista de baja tecnología, servicios personales no calificados y actividades agropecuarias de autoconsumo.
Esta estructura atomizada tiene implicaciones directas sobre la competitividad. Un mercado donde predominan las micro-unidades sin capacidad de inversión en tecnología o capacitación genera un techo de crecimiento. Desde una perspectiva pro-mercado, el problema no es solo social, sino de eficiencia asignativa. Los recursos laborales están atrapados en actividades de bajo valor agregado porque los costos de entrada al sector formal —tributarios, parafiscales y regulatorios— siguen siendo prohibitivos para quien apenas cubre sus necesidades básicas.
Señales mixtas en la política pública
Es justo reconocer que la reducción de 1,7 puntos porcentuales en el último año indica que algo se está moviendo. La reactivación de ciertos sectores y la estabilización macroeconómica tras los ajustes recientes han permitido absorber parte de la mano de obra. Sin embargo, celebrar esta disminución sin atender la calidad del empleo sería un error de diagnóstico. Si la formalización se logra mediante subsidios transitorios o contratos estatales temporales, el efecto será efímero y fiscalmente insostenible.
La verdadera formalización requiere reducir la fricción institucional. Países como Perú y Ecuador han avanzado en regímenes tributarios simplificados y monotributos que reconocen la realidad del pequeño contribuyente sin asfixiarlo. En Colombia, pese a los esfuerzos, la complejidad administrativa y la carga no salarial siguen actuando como barreras de entrada. Además, la incertidumbre regulatoria de los últimos años ha desincentivado la inversión privada que podría generar empleos formales de calidad, dejando al autoempleo como la única válvula de escape ante la falta de oportunidades asalariadas.
Hacia una agenda de productividad
Para que la tendencia a la baja en la informalidad sea estructural y no coyuntural, la política económica debe pivotar hacia la productividad del trabajador independiente. Esto implica tres ejes claros: simplificación radical de la formalización, acceso a financiamiento productivo (no asistencial) y programas de capacitación técnica alineados con la demanda del sector privado.
Desde “La Bitácora” hemos defendido que el Estado de derecho y la seguridad jurídica son precondiciones para el desarrollo. Pero también entendemos que un mercado funcional requiere que los agentes más pequeños puedan participar en él. Mientras seis de cada diez informales sigan siendo cuentapropistas de subsistencia, Colombia seguirá teniendo un mercado interno fragmentado y una base exportadora estrecha. La reducción de la informalidad es una buena noticia, pero solo si viene acompañada de un salto en la complejidad económica de quienes hoy trabajan al margen de la ley. De lo contrario, estaremos midiendo el éxito con una vara que ignora la realidad productiva del país.