La solicitud de liquidación voluntaria de Propal, presentada ante la Superintendencia de Sociedades tras más de seis décadas de operación, no es un evento aislado ni una simple mala gestión corporativa. Es la confirmación empírica de que la política comercial colombiana actual carece de dientes suficientes para proteger la manufactura nacional frente a distorsiones globales estructurales. La empresa, propiedad de la Organización Carvajal, detuvo primero su planta en Yumbo y ahora cierra definitivamente la de Guachené, eliminando cerca de 1.200 empleos formales en el Cauca y el Valle del Cauca. Este desenlace ilustra con crudeza cómo la combinación de prácticas de dumping asiático y una tasa de cambio revaluada puede anular la eficacia de las medidas defensivas tradicionales.
Aranceles que llegan tarde
Desde una perspectiva pro-mercado, es necesario distinguir entre competencia legítima y comercio desleal subsidiado. Propal denunció durante años que productores internacionales, especialmente de China y Brasil, ingresaban papel al mercado colombiano a precios artificialmente bajos, por debajo de sus costos de producción. Si bien el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo impuso medidas antidumping, estas llegaron cuando el daño estructural ya era irreversible. Los aranceles compensatorios son herramientas necesarias pero lentas; en un sector con márgenes operativos estrechos como el papelero, el tiempo de investigación administrativa suele ser letal para la caja de las empresas locales.
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), señaló correctamente que este caso ejemplifica la depredación de grandes economías que subsidian su producción sin miramientos hacia mercados emergentes. Sin embargo, el problema trasciende la retórica gremial. La evidencia sugiere que algunos exportadores chinos han desarrollado mecanismos de elusión, desviando mercancías a través de terceros países para evadir barreras específicas. Esto exige que la Unidad de Prácticas Comerciales del Ministerio fortalezca sus capacidades de inteligencia aduanera y coordinación regional, más allá de la imposición reactiva de gravámenes. Defender el libre comercio implica también garantizar que las reglas se respeten; permitir el dumping no es liberalismo, es negligencia regulatoria.
El costo oculto de la revaluación
Un factor que merece análisis separado es la variable cambiaria. En su comunicado final, Propal fue explícita: la revaluación del peso colombiano frente al dólar impactó directamente sus ingresos en el mercado doméstico y de exportaciones, mientras los costos industriales seguían presionados al alza. Este fenómeno valida una preocupación macroeconómica recurrente: un tipo de cambio artificialmente fuerte actúa como un subsidio implícito a las importaciones y como un impuesto punitivo a la industria transable.
Para una empresa que compite contra gigantes globales con monedas depreciadas o subsidiadas, perder competitividad cambiaria equivale a perder cuota de mercado de forma acelerada. Aunque la estabilidad monetaria y el control inflacionario son prioridades innegociables de la política económica, no podemos ignorar que la tasa de cambio es una variable relativa de precios. Cuando el diferencial de inflación interna versus externa no se ajusta vía tipo de cambio, la industria manufacturera absorbe el golpe. En este contexto, la liquidación de Propal también es un síntoma de desalineación macroeconómica que afecta desproporcionadamente a las regiones andinas y pacíficas, donde la base industrial es más sensible a estos choques externos.
Lecciones para la región andina
El caso Propal debe leerse en clave hemisférica. No estamos ante un problema exclusivo de Colombia. Economías como Perú, Chile y Ecuador enfrentan presiones similares en sectores textiles, metalmecánicos y químicos. La respuesta no puede ser el retorno al proteccionismo indiscriminado, que históricamente ha generado ineficiencias y rentismo en Latinoamérica. Tampoco puede ser la pasividad institucional bajo la excusa de la “soberanía” o el respeto irrestricto a tratados comerciales desactualizados.
La solución pasa por modernizar nuestros instrumentos de defensa comercial con criterios técnicos rigurosos, agilizar los tiempos de resolución de investigaciones por prácticas desleales y profundizar la integración productiva regional para crear cadenas de valor menos vulnerables a la volatilidad asiática. Además, la política cambiaria debe evaluarse con pragmatismo, entendiendo que la competitividad industrial es un pilar de la seguridad económica nacional.
Perder una empresa emblemática como Propal duele no solo por los empleos directos, sino porque erosiona el tejido empresarial del suroccidente colombiano. Si el Estado de derecho incluye la garantía de un campo de juego equilibrado para los productores nacionales, entonces hemos fallado. Corregir este rumbo requiere menos discursos políticos y más técnica aplicada en comercio exterior y política macroeconómica. De lo contrario, la lista de liquidaciones seguirá creciendo, y con ella, la desindustrialización silenciosa de nuestras regiones.