El presidente Gustavo Petro aseguró esta semana que Colombia atraviesa la tasa de pobreza más baja del siglo, en una alocución en la que, según registró La FM, también convocó a los ciudadanos a votar para sostener lo que denominó los avances de su administración.
Lo primero que corresponde, en ejercicio de verificación periodística, es contrastar la afirmación con las cifras oficiales disponibles. De acuerdo con el boletín técnico del DANE divulgado en 2024, con corte a 2023 la pobreza monetaria en Colombia se ubicaba en 33,0% y la pobreza extrema en 11,4%. Para 2024 la misma entidad proyectó una reducción, pero los microdatos definitivos de la Encuesta Continua de Hogares aún no habían sido publicados al cierre de esta columna, según la página de estadísticas oficiales del DANE. La afirmación presidencial de un mínimo histórico exige la difusión de la serie completa, con metodología comparable y series desestacionalizadas. Sin esa publicación, la declaración es retórica, no dato.
Llama la atención la coexistencia de dos mensajes en una misma intervención: un anuncio de logro social y una denuncia de censura. El contraste debilita ambos mensajes. Si el gobierno sostiene que existe censura, debe denunciarlo ante la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía o los tribunales competentes, con nombres, actos administrativos y pruebas concretas. Si afirma un logro en reducción de pobreza, debe soportarlo en el boletín técnico del DANE y en la Misión de Crecimiento, con cifras que cualquier ciudadano pueda consultar en línea.
La política social del gobierno se ha concentrado en tres ejes: la reforma pensional, la reforma a la salud y los programas de transferencias. La reforma pensional fue aprobada por el Congreso y se encuentra en período de implementación gradual. La reforma a la salud enfrenta demandas y recursos ante la Corte Constitucional y, según reportes de prensa del Ministerio de Hacienda, requiere fuentes de financiación que no han sido plenamente identificadas. Los programas de transferencias Ingreso Mínimo Garantizado y Renta Ciudadana, de acuerdo con el reporte de ejecución presupuestal del Ministerio de Hacienda para 2024, movieron recursos superiores a 8 billones de pesos, pero su impacto en pobreza multidimensional no ha sido evaluado de forma independiente por el DNP.
Según el informe de la Contraloría General sobre la vigencia 2023, al menos 1,4 billones de pesos de los programas sociales tuvieron observaciones fiscales por demoras en la focalización y cruces insuficientes con la base de datos del Sisbén IV. Esa advertencia, que no fue abordada en la alocución presidencial, es la que permite discutir cobertura efectiva y no solo cobertura nominal de los programas.
Como reportó La FM, la declaración presidencial se produjo en un contexto de señalamientos sobre restricciones a medios y plataformas digitales. La libertad de prensa no es un favor del Ejecutivo: está protegida por el artículo 20 de la Constitución y por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si el gobierno considera que una plataforma o un medio incurrió en abuso, debe acudir a la jurisdicción, no a la presión política.
Una administración que presume cifras récord tiene la obligación de enseñarlas. De lo contrario, la comunicación oficial se convierte en propaganda y se erosiona la confianza en las instituciones que producen estadística pública. Colombia necesita que el DANE publique la serie 2020-2025 con metodología comparable, que el DNP entregue la evaluación de impacto de Renta Ciudadana y que el Ministerio de Hacienda muestre el costo fiscal real de los programas en ejecución.
Sin esos tres documentos, el anuncio presidencial es una promesa de campaña, no un balance de gobierno. Y un país que se aproxima a un año electoral merece balances verificables, no eslóganes.