El presidente Gustavo Petro aseguró el 12 de junio que durante su Gobierno la pobreza monetaria en Colombia alcanzó el nivel más bajo del siglo, y convocó a votar en la segunda vuelta presidencial. La afirmación, reportada por La República, reabrió un debate que no admite titulares festivos: el de las metodologías, las series históricas y la forma en que se mide un fenómeno que afecta a millones de hogares.
Conviene partir de la fuente oficial. El dato de pobreza monetaria lo publica cada año el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. La serie disponible en la página del organismo permite comparar hacia atrás, con las reservas técnicas del caso: cambios de metodología, actualizaciones de la línea de pobreza monetaria y revisiones de los ponderadores de la encuesta. Cuando un Presidente dice que se logró la cifra más baja del siglo, la primera pregunta no es política: es estadística.
Según reportó La República, el jefe de Estado sostuvo que en los próximos períodos de Gobierno se debe continuar con la política social aplicada hasta ahora para mantener la trayectoria descendente de la pobreza. Esa segunda parte del mensaje merece tanta atención como la primera. Anunciar un logro social en cadena de prensa preelectoral y pedir el voto en la misma intervención mezcla dos funciones que el Estado debe mantener separadas: la comunicación oficial de resultados y la movilización electoral. No es un detalle de estilo. La normativa colombiana impone restricciones a los servidores públicos respecto al uso de su cargo en períodos cercanos a elecciones, y la línea entre información y proselitismo es una de las que más se ha deteriorado en la política reciente.
La línea editorial de La Bitácora no es negar logros sociales cuando los hay. Si la pobreza monetaria cayó de manera sostenida entre 2022 y 2025, hay que reconocerlo y discutir cómo se sostuvo, qué programas pesaron más y qué ocurre con la pobreza multidimensional, que mide carencias distintas a los ingresos. Pero la celebración sin contexto es tan irresponsable como el negacionismo sistemático. Entre un extremo y otro está el periodismo que sirve a los ciudadanos.
Un dato aislado no resume un período. Colombia llegó a 2022 con una economía en recuperación pospandemia, con programas sociales heredados como Ingreso Solidario y con una reforma tributaria que cambió la composición del gasto público. Atribuir la totalidad de la caída a un solo Gobierno, o negarle todo mérito, exige un ejercicio riguroso de contrafactual que las cadenas nacionales rara vez hacen. La academia, el Banco de la República y el DANE tienen herramientas para eso, y sería saludable verlas aplicadas al período completo.
También pesa lo que la pobreza monetaria no captura. El acceso real a salud, la calidad del empleo, la cobertura pensional, el déficit habitacional y la seguridad alimentaria tienen sus propios indicadores. Una cifra de ingresos por debajo de la línea de pobreza puede mejorar y, al mismo tiempo, deteriorarse el acceso a servicios. El ciudadano de a pie vive la combinación, no una sola variable.
Quedan, por lo menos, tres preguntas que la opinión pública debería hacer antes de celebrar o descalificar el anuncio. Primera, ¿qué metodología del DANE sustenta la comparación con décadas anteriores y qué tan robusta es la serie cuando se cruzan los cambios de marco metodológico? Segunda, ¿qué dice la pobreza multidimensional en el mismo período, según las mediciones oficiales disponibles? Tercera, ¿qué parte de la caída es atribuible a decisiones del actual Gobierno y cuál a condiciones preexistentes o factores externos?
Hasta que esas respuestas estén sobre la mesa, con cifras, series y metodología a la vista, el dato presidencial es una hipótesis política, no un veredicto técnico. Y una hipótesis no se vota: se verifica.