El 10 de julio de 2026, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, publicó en su cuenta de X que Gustavo Petro le confirmó por teléfono que abandonará la Presidencia el 6 de agosto. El mensaje del brasileño, reproducido por El Colombiano, señala que durante la conversación Petro indicó esa fecha y, según la reconstrucción de Lula, expresó su compromiso con una transición pacífica del poder. La Casa de Nariño, por su parte, informó que la llamada también incluyó agenda bilateral, ciberseguridad e inteligencia artificial.
El dato importa por quién lo dijo, dónde lo dijo y ante quién lo dijo. No fue una declaración ante el Congreso colombiano, ni ante la Corte Constitucional, ni ante la Registraduría. Fue una comunicación verbal a un jefe de Estado extranjero, hecha pública en una red social. Y fue atribuida al propio Petro por quien lo escuchó del otro lado de la línea.
La fecha del 6 de agosto no es arbitraria. Coincide con el inicio del último año del periodo presidencial y con el cierre formal del ciclo electoral que debe definir al sucesor. En Colombia, la Constitución establece que el presidente electo asume el 7 de agosto del año siguiente a la elección. Si Petro se mantuviera en el cargo después de esa fecha sin una causa constitucional habilitante —falta absoluta, declaración de incapacidad física, guerra exterior—, la pregunta jurídica que se abriría es si estaríamos ante una retención indebida del poder. Esa es una pregunta, no una afirmación.
Por eso la elección del interlocutor resulta reveladora. Según El Colombiano, Lula es “uno de los principales aliados políticos en la región” y “uno de los referentes históricos de la izquierda regional”. La relación entre ambos ha incluido cinco visitas oficiales de Lula a Colombia, una visita de Estado de Petro a Brasilia y otra a Manaos, además de una agenda común en integración latinoamericana, transición energética y cooperación regional. Si la palabra empeñada ante Lula llegara a incumplirse, el costo no sería solo interno: sería también una ruptura simbólica con el bloque progresista que respaldó a Petro desde 2022.
La pregunta operativa es qué mecanismos tiene Colombia para garantizar que esa promesa se cumpla. Tres, al menos:
Primero, el calendario electoral. Si las elecciones presidenciales se realizaron el 31 de mayo de 2026, como estaba previsto, el ganador debe posesionarse el 7 de agosto. Cualquier demora en la transmisión del mando activaría alertas inmediatas en la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Procuraduría General de la Nación.
Segundo, la presión internacional verificable. El hecho de que la promesa esté documentada en una publicación pública de un jefe de Estado extranjero la convierte en un compromiso susceptible de seguimiento. Organismos como la OEA, la CIDH y una eventual Misión de Observación Electoral tendrían, en principio, legitimidad para pronunciarse sobre cualquier retraso.
Tercero, la fuerza pública profesional. El artículo 217 de la Constitución establece que la Fuerza Pública “no es deliberante” y está instituida para “mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas”. Una orden de retención del mando que no tuviera base constitucional encontraría, en principio, un límite operativo en la cadena de mando militar.
Lo que está en juego no es menor. Petro llegó al poder en 2022 con una promesa de “transformación” que, según críticos y según varios informes de control, habría incluido intentos de concentración de funciones, presión sobre la independencia judicial y alineamiento con regímenes autoritarios como los de Venezuela y Nicaragua. La Bitácora ha documentado esas tensiones en columnas anteriores. Una salida ordenada el 6 de agosto cerraría ese ciclo. Una retención del cargo lo abriría de una manera mucho más grave.
La palabra empeñada ante Lula es, por ahora, una declaración unilateral del presidente brasileño sobre lo que Petro le dijo. Para que se convierta en un hecho vinculante, debe traducirse en actos: transmisión del mando, entrega de informes a la Comisión de Transición, acatamiento del calendario de la Registraduría. Hasta que eso ocurra, la promesa existe, pero el reloj sigue corriendo.