La presidencia rotativa de Colombia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) durante junio de 2026 representa una ventana de visibilidad institucional que pocos países de la región andina logran capitalizar. Sin embargo, la intervención del presidente Gustavo Petro en este escenario convirtió una oportunidad de liderazgo técnico en una extensión de la retórica doméstica. Al vincular la regulación de la inteligencia artificial (IA) con los riesgos electorales de 2026 y la desinformación en redes sociales, el mandatario trasladó al máximo órgano de seguridad global preocupaciones que, si bien legítimas, corresponden al debate interno y a las autoridades electorales nacionales, no a la diplomacia multilateral.
Desde una perspectiva de política exterior atlantista y pro-mercado, resulta inquietante que la agenda de Colombia ante la ONU se filtre por el prisma de la coyuntura electoral. Los socios estratégicos en Washington, Bruselas y Londres observan con atención cómo un país aliado utiliza su asiento temporal. La señal que se envía no es la de un Estado que ofrece soluciones técnicas a problemas globales, sino la de una administración que instrumentaliza los foros internacionales para validar narrativas políticas locales.
La IA como problema de gobernanza, no de campaña
Es innegable que la inteligencia artificial plantea desafíos sistémicos para las democracias. La concentración tecnológica en pocos actores privados y la erosión de la verdad pública son riesgos documentados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). No obstante, la solución pasa por marcos regulatorios basados en evidencia, estándares técnicos y cooperación transatlántica, no por advertencias apocalípticas citando a Stephen Hawking en un consejo diseñado para prevenir guerras y mantener la paz.
Al enfocar la IA exclusivamente como una amenaza a la integridad electoral colombiana, se pierde la oportunidad de posicionar al país como un interlocutor serio en la gobernanza digital global. La región andina necesita reglas claras para atraer inversión en tecnología y proteger a sus ciudadanos sin asfixiar la innovación. Convertir este tema en un caballito de batalla contra la oposición o contra plataformas digitales específicas aleja a Colombia de las mesas técnicas donde realmente se definen los estándares del futuro. La diplomacia digital exige sobriedad y continuidad estatal, atributos que se debilitan cuando el discurso se adapta al calendario electoral.
Migración y clima: entre la realidad y la ideología
Sobre la migración y la crisis climática, el diagnóstico presidencial acierta en las causas estructurales pero falla en las soluciones pragmáticas. Vincular los flujos migratorios con el cambio climático es consistente con la literatura académica y los reportes del Banco Mundial. Sin embargo, la respuesta no puede limitarse a la descarbonización acelerada sin considerar la seguridad energética y la competitividad regional. Para Colombia, cuya balanza comercial aún depende significativamente de los hidrocarburos, una transición mal planificada puede generar choques fiscales que, paradójicamente, exacerben la migración por falta de oportunidades.
Respecto a los discursos antimigración, condenar la xenofobia es un imperativo moral y legal. Pero en el Consejo de Seguridad, este tema debe abordarse desde la gestión de fronteras, la cooperación policial y los mecanismos de integración regional, no solo desde la crítica a narrativas de odio en redes sociales. La seguridad hemisférica requiere protocolos concretos que protejan tanto los derechos de los migrantes como la estabilidad institucional de los países receptores. Abordar la migración únicamente como un problema discursivo ignora la complejidad operativa que enfrentan las instituciones colombianas en terreno.
El riesgo de mezclar seguridad global con política local
La afirmación del presidente sobre su salida del poder al finalizar el mandato, realizada ante el Consejo de Seguridad, es quizás el síntoma más claro de la distorsión actual. Que un jefe de Estado deba usar un foro de seguridad internacional para despejar dudas sobre su continuidad democrática revela una debilidad institucional que preocupa a los mercados y a los aliados. La estabilidad jurídica y la previsibilidad política son activos que se cotizan en las calificaciones de riesgo y en las decisiones de inversión extranjera directa.
Colombia merece una presidencia del Consejo de Seguridad que proyecte fortaleza institucional, no dudas internas. La agenda de Mujer, Paz y Seguridad, así como la de Niñez y Conflicto Armado, previstas para este mes, son espacios valiosos que requieren enfoque técnico y despolitizado. Desperdiciar esta coyuntura en advertencias electorales es un costo de oportunidad que pagará la próxima administración, sea cual sea su signo político. La política exterior debe ser una política de Estado, blindada de los ciclos electorales y orientada a fortalecer la posición de Colombia en un orden internacional cada vez más competitivo y escéptico del populismo.