El Ministerio de Minas y Energía puso en marcha una subasta de energía limpia con contratos de hasta quince años, según reportó La República. Es, en el papel, la herramienta correcta: señales de precio de largo plazo para atraer inversión, compradores industriels con cobertura, y desarrolladores de proyectos solares, eólicos y de almacenamiento con un horizonte que les permita cerrar financiamiento.
El mecanismo no es nuevo. Colombia ha ensayado subastas de renovables desde 2019, con resultados mixtos. La primera ronda de la anterior administración adjudicó casi 1.300 megavatios en contratos a 15 años. La segunda, en 2021, quedó desierta: los precios de oferta superaron el techo regulatorio y la UPME declaró la subasta sin adjudicatarios. El patrón fue instructivo. Cuando el regulador fija un techo demasiado conservador, el inversionista se retira. Cuando el techo es realista, los proyectos fluyen, pero con riesgos de ejecución que después pagan los usuarios vía tarifas.
Por eso, antes de celebrar el anuncio, conviene leer las condiciones técnicas. ¿Cuál es el precio de arranque? ¿Cuál es el techo? ¿Se incluyeron garantías de seriedad para evitar adjudicaciones simbólicas? ¿Los contratos contemplan mecanismos de ajuste ante variabilidad del tipo de cambio y de las tasas de interés, en un contexto donde el costo de capital en pesos sigue elevado? El Ministerio ha sido parco en los detalles públicos hasta ahora.
Hay un segundo punto que la comunicación oficial suele pasar por alto: la subasta llega en un momento de estrés para el sector eléctrico. XM, el operador del SIN, ha reportado alertas de abastecimiento en horas de alta demanda. La hidrología reciente ha sido desfavorable. Y la entrada firme de renovables no resuelve, por sí sola, el problema de firmeza; lo desplaza, y por eso el componente de almacenamiento que menciona la convocatoria es relevante. Pero un sistema de baterías sin un mercado de capacidad robusto sigue siendo un parche costoso.
En materia de contratación pública, que es mi terreno, la historia reciente del sector eléctrico tampoco invita al optimismo. La Contraloría ha señalado irregularidades en la estructuración de proyectos previos, y la CREG ha sido criticada por la demora en resolver reglas pendientes para la integración de renovables al mercado mayorista. Un contrato a 15 años es tan bueno como la institucionalidad que lo respalda y la regulación que lo actualiza.
Dicho esto, el balance tiene que ser honesto. Si esta subasta se adjudica, con precios cercanos a los referentes internacionales y con desarrolladores que efectivamente ejecuten, sería una señal positiva en un gobierno que ha privilegiado la transición discursiva sobre la transición operativa. La política energética de esta administración ha sido más retórica que concreta: pocos contratos firmados, muchas fotografías, y una reforma al sector eléctrico que lleva meses en el Congreso sin acuerdo.
La medida, en suma, va en la dirección correcta. Pero su éxito dependerá de tres variables que el Ministerio controla solo parcialmente: el precio de salida, la calidad de los oferentes y la estabilidad regulatoria durante la próxima década. Sin esos tres anclas, la subasta será un título de prensa y nada más.