El Consejo Gremial Nacional volvió a poner sobre la mesa una advertencia que el Gobierno parece no querer escuchar: la transición energética, tal como está planteada, no puede comprometer la confiabilidad del sistema eléctrico. La declaración, recogida por La República, no es un pronunciamiento gremial más. Es la reiteración de un principio técnico que el Ministerio de Minas y Energía ha tratado como negociable en los últimos años.
El dirigente Natalio Gutiérrez rescató el potencial de la matriz eléctrica colombiana, una de las más limpias de la región. Esa es la buena noticia. La mala es que ese activo se construyó sobre reglas claras, contratos de largo plazo y una arquitectura institucional que el actual gobierno ha debilitado con señales contradictorias. Anuncios de suspensión de contratos de generación térmica, dilación en la asignación de cargos de confiabilidad y una reforma del sector eléctrico que lleva más de un año sin definir su texto definitivo.
Según La República, el Consejo Gremial advirtió que la transición no puede comprometer la confiabilidad. La afirmación es pertinente porque el riesgo no es hipotético. Entre 2024 y 2025 el operador del sistema registró episodios de estrés en la prestación del cargo de confiabilidad, con subastas desiertas y ofertas por debajo de la demanda esperada. Si el marco regulatorio no garantiza ingresos predecibles a los generadores térmicos que respaldan los picos de demanda, la respuesta de los inversionistas será simple: no entrar. Y sin respaldo térmico, la transición se convierte en una promesa política sin contrapeso físico.
Colombia tiene una matriz con predominio hidráulico. Eso le da una ventaja comparativa en emisiones, pero la expone a la variabilidad climática. La sequía de 2024 dejó lecciones que aún no se traducen en política pública. El discurso oficial insiste en cerrar plantas térmicas mientras los proyectos solares y eólicos de gran escala tardan en entrar en operación por demoras en licenciamiento y en la transmisión. La transición, en la práctica, se concentra más en el cierre de la oferta existente que en la construcción de la oferta nueva.
Hay un punto adicional que el Gobierno evade. La transición energética no es solo un asunto ambiental. Es un asunto fiscal. Cada kilovatio que no se genera con la matriz actual, por indecisión regulatoria, se termina importando o se paga más caro en el mercado spot. La cuenta la pagan los usuarios industriales y, al final, los hogares. El Consejo Gremial, que agrupa a los principales sectores productivos del país, lo sabe porque lo ve en sus facturas de energía.
La defensa del medio ambiente y la estabilidad del sistema no son objetivos incompatibles. Lo son cuando se gobierna con calendario electoral en lugar de planeación energética. La columna vertebral de cualquier transición seria es la confiabilidad. Sin ella, los discursos sobre descarbonización quedan en comunicado de prensa.
El Gobierno tiene dos opciones. O reactiva la subasta de confiabilidad, define el texto de la reforma eléctrica y respeta los contratos vigentes, o asume la responsabilidad política cuando la primera crisis de suministro golpee a las regiones. Los gremios ya pusieron la advertencia sobre el escritorio. Ignorarla tiene costos que se miden en megavatios, en empleo formal y en credibilidad institucional.