La subasta de cargo por confiabilidad de mayo de 2026 expuso una fractura dentro del gobierno sobre la política energética nacional. Los números son claros: 2.276,8 megavatios asignados a plantas térmicas, 1.546,9 MW a proyectos solares y 246 MW a energía eólica. El presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente esa distribución. Su ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, la defendió.
El mecanismo del cargo por confiabilidad existe para garantizar capacidad de generación en períodos de baja disponibilidad hídrica. En ese contexto, la asignación mayoritaria a térmica no es accidental: responde a la lógica de confiabilidad del sistema. Pero esa lógica choca frontalmente con los objetivos climáticos que Petro ha colocado en el centro de su agenda presidencial.
El presidente afirmó que depender de combustibles fósiles profundiza las causas del calentamiento global y que construir nuevas termoeléctricas a gas constituye una traición a la humanidad. Usó lenguaje fuerte: habló de “alta traición” al programa del gobierno. Invocó además un decreto suyo sobre protección ambiental en lo que denominó “la línea negra” del país.
Palma Egea respondió con defensa técnica. Señaló que el Ministerio no aprueba proyectos específicos en estas subastas, que no autoriza directamente plantas de gas, y que las críticas obedecen a interpretaciones “imprecisas y antitécnicas”. También argumentó que los resultados garantizan estabilidad energética para 2029 y 2030, y que el gobierno anterior dejó el país sin proyectos de generación.
Aquí hay un problema institucional real. El cargo por confiabilidad es un instrumento de política energética que opera bajo reglas técnicas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). No es una decisión ministerial discrecional. Si el presidente considera que esas reglas son incompatibles con sus objetivos climáticos, el camino no es cuestionar públicamente a su propio ministro en redes sociales. El camino es modificar el marco regulatorio.
Eso requiere decisiones políticas explícitas: cambiar los criterios de la subasta, acelerar retiros de plantas térmicas, invertir masivamente en almacenamiento de energía para reducir la dependencia de térmica en sequías, o reformar el cargo por confiabilidad mismo. Son decisiones legítimas, pero exigen transparencia, debate legislativo y, probablemente, costos fiscales y tarifarios.
Lo que no es sostenible es que el presidente critique los resultados de un mecanismo que su propio gobierno opera, mientras su ministro defiende esos resultados como exitosos. Eso sugiere que no hay claridad interna sobre qué se quiere del sistema energético en el corto plazo versus el largo plazo.
La transición energética es real y necesaria. Las energías renovables crecieron en la subasta: 1.546,9 MW en solar es un número significativo. Pero una transición ordenada requiere que los combustibles fósiles se retiren de manera planificada, no que se critiquen públicamente mientras se siguen utilizando por razones técnicas válidas.
El debate que abre esta disputa es legítimo. ¿A qué velocidad debe avanzar Colombia en la transición? ¿Cuánta inversión pública se requiere en almacenamiento y flexibilidad para reducir la dependencia de térmica? ¿Qué costo tienen esas decisiones en tarifa? Esas preguntas merecen respuestas públicas del gobierno, no contradicciones entre el presidente y su ministro.
Lo que quedó claro es que la política energética del gobierno no tiene una dirección unificada. O la tiene, pero no se comunica así. Eso genera incertidumbre regulatoria, que es lo último que necesita el sector para invertir en renovables o en cualquier otra fuente.