La primera vuelta presidencial del 31 de mayo generó un patrón predecible: gobiernos alineados ideológicamente con el candidato que avanzó a segunda vuelta expresaron su respaldo al proceso electoral, mientras que el presidente saliente cuestionó la metodología del preconteo. Esta división no es accidental. Revela una verdad incómoda sobre cómo se lee la legitimidad electoral en la región.
Javier Milei, Santiago Abascal, José Antonio Kast y Bernie Moreno emitieron declaraciones elogiosas sobre la jornada. Milei fue más allá: utilizó los resultados como plataforma para criticar el “modelo socialista” del gobierno actual. La ONU y la OEA, por su parte, certificaron el carácter “pacífico y ordenado” de los comicios. Según reportó La Opinión, estas organizaciones desplegaron observadores y confirmaron su presencia para la segunda vuelta.
El problema no radica en que gobiernos extranjeros celebren elecciones competitivas. Radica en que la validación internacional se ha convertido en un sustituto de la confianza institucional doméstica.
Un proceso electoral legítimo no depende de si Milei lo aprueba o si la OEA lo certifica. Depende de que los colombianos confíen en que sus votos se cuentan correctamente, de que las autoridades electorales actúen con independencia, de que los mecanismos de control funcionen sin presión política y de que los resultados sean verificables. Estas son funciones de Estado, no de relaciones públicas internacional.
Lo que ocurrió el 31 de mayo fue una jornada sin incidentes graves de seguridad. Eso es un logro institucional real. Pero no es suficiente. La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral debieron garantizar transparencia en el preconteo y en el escrutinio. Si el presidente cuestionó estos procesos, la respuesta apropiada era que las autoridades electorales presentaran datos públicos, auditables y verificables. No que gobiernos extranjeros salieran a defender la integridad del conteo.
El senador Moreno, quien actuó como observador internacional, señaló que “la democracia ganó hoy”. Pero ¿quién define qué significa ganar en democracia? ¿El observador internacional o el ciudadano que deposita su voto? Cuando la legitimidad se construye desde afuera, se erosiona desde adentro.
Colombia tiene instituciones electorales que existen para cumplir esta función: certificar, verificar y garantizar la confianza pública. Si esas instituciones funcionan correctamente, los gobiernos extranjeros no necesitan validar los resultados. Si no funcionan, ningún comunicado de la OEA los arreglará.
Hay un riesgo adicional. Cuando gobiernos de una ideología política específica celebran un resultado electoral, y gobiernos de otra ideología lo cuestionan, la elección se convierte en un proxy de conflicto geopolítico. Eso es exactamente lo opuesto a lo que una democracia necesita. Necesita que los perdedores acepten los resultados porque confían en el proceso, no porque Washington o Buenos Aires lo avaló.
La segunda vuelta ocurrirá en tres semanas. La Misión de la OEA desplegará observadores nuevamente. Eso está bien. Pero la pregunta que debería ocupar a las autoridades electorales colombianas no es si los observadores internacionales estarán satisfechos. Es si los colombianos estarán convencidos de que sus votos se contaron como emitieron.
Esa es la diferencia entre legitimidad y validación. Una se construye adentro. La otra se compra afuera.