¿Qué garantiza que una democracia sobreviva al día siguiente de las urnas? No la victoria de un candidato ni la derrota de otro, sino la certeza compartida de que el proceso fue legítimo y que sus resultados obligan a todos. Colombia, según el informe reciente de Corficolombiana, navega en aguas donde esa certeza se resquebraja antes de conocerse el veredicto definitivo. Las declaraciones del presidente Gustavo Petro cuestionando el proceso electoral —a pesar de la coincidencia observada entre preconteos, escrutinios y revisiones judiciales— no son meras imprecisiones retóricas. Son, mutatis mutandis, una erosión deliberada del fundamento mismo sobre el que descansa la transición pacífica del poder.
La experiencia histórica enseña que las democracías no colapsan siempre por golpes militares o invasiones extranjeras. Hannah Arendt, en sus estudios sobre los sistemas totalitarios, advirtió que la deslegitimación sistemática de las instituciones precede a su demolición física. No estamos, afortunadamente, ante ese escenario. Pero sí ante una forma de debilitamiento institucional que Popper habría reconocido como el enemigo de la sociedad abierta: la conversión de la política en una guerra de todos contra todos, donde no hay árbitro aceptado y donde cada resultado electoral es interpretado como un acto de usurpación por quienes perdieron.
El análisis de Corficolombiana remite, con razón, al estallido social de 2021. Aquellas protestas, iniciadas contra una reforma tributaria, trascendieron su origen para expresar descontentos acumulados durante décadas. Pero su legado es ambivalente. Lograron la retirada de la reforma y la renuncia del ministro Carrasquilla, sí. También dejaron bloqueos de vías, afectaciones logísticas con impacto inflacionario, pérdida del grado de inversión y, lo que aquí importa, un precedente de que la presión callejera puede anular decisiones institucionales. Cuando Carlos Arias, gerente de Estrategia & Poder, advierte que una victoria de Abelardo de la Espriella podría desencadenar “una tensión social inusitada, y creo que nunca vista en Colombia”, no está fantaseando. Está leyendo la lógica de un sistema donde sectores organizados han aprendido que la calle puede pesar más que el Congreso.
Arias señala algo que merece atención documental: durante el actual gobierno, organizaciones indígenas como el CRIC, la OPIAC y la UNIC recibieron recursos públicos mediante contratación directa. No estamos ante una denuncia de ilegalidad —el uso de contratos administrativos es una práctica extendida— sino ante la constatación de que esos vínculos financieros crean dependencias estructurales que pueden traducirse, en momentos de transición, en capacidad de movilización. Si esos contratos se ven amenazados por un cambio de gobierno, la respuesta organizativa es previsible. La pregunta no es si es legítimo protestar —lo es— sino si estamos construyendo una democracia donde cada alternancia presidencial se convierte en una crisis de gobernabilidad.
El propio Arias, sin embargo, cae en una contradicción que los colombianos debemos señalar. Duda de que Petro reconozca los resultados si la diferencia es estrecha, y añade que “Petro y Cepeda no van a reconocer los resultados”. Pero Cepeda, en mensaje de X del 7 de junio, ya reconoció los resultados de primera vuelta. La predicción de Arias choca con un hecho verificable. Esto no invalida su análisis general sobre los riesgos de conflictividad, pero sí muestra cómo el alarmismo puede distorsionar tanto como el optimismo. La responsabilidad del analista político —y del columnista— es documentar antes de predecir.
Lo que sí resulta preocupante, y aquí la fuente es consistente, es la baja ejecución presupuestal del gobierno actual. Arias señala que el promedio no supera el 40%, y el Ministerio de Igualdad no pasa del 15%. Una administración que no gasta lo aprobado genera, paradójicamente, reservas líquidas que pueden alimentar la conflictividad en una transición: contratos vigentes hasta fin de año, recursos no ejecutados que pueden redirigirse, organizaciones con capacidad de presión que operan con financiación estatal incierta. Es el caldo de cultivo para lo que Tocqueville describía en la Francia pre-revolucionaria: un Estado que centraliza recursos pero no capacidad de gobierno, generando expectativas que luego no puede satisfacer ni controlar.
Ante una eventual victoria de Iván Cepeda, Arias prevé otro tipo de desorden: ocupaciones de vías y predios, “más caos” por pérdida de institucionalidad. Aquí el análisis se vuelve menos convincente. Atribuir a un gobierno de izquierda —aunque sea del Pacto Histórico— una incapacidad intrínseca para ejercer autoridad es un juicio ideológico, no empírico. El gobierno de Petro ha mostrado, por momentos, tanto exceso de autoritarismo retórico como deficiencia de gestión institucional. La correlación no es simple.
Lo que queda, al final, es una Colombia donde la transición electoral ya no es un trámite institucional sino una prueba de fuerza social. Eso no es democracia madura. Es, en el mejor de los casos, democracia precarizada. Y en el peor, es el camino hacia una res publica donde cada alternancia exige negociación bajo amenaza de parálisis. Los colombianos debemos preguntarnos si estamos dispuestos a pagar ese precio, o si todavía es posible reconstruir el capital de confianza institucional que nos permita discrepar sin bloquear, perder sin incendiar, ganar sin vengar.
La respuesta no está en las urnas del domingo. Está en lo que hagamos el lunes.