El ministro del Interior, Rodrigo Lara, fue designado director encargado de la Unidad Nacional de Protección (UNP) sin desligarse de la cartera que ya conduce, según reportó El Colombiano. El encargo coincide con la activación de un puesto de mando unificado encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país.
La decisión se conoce mientras se completan los trámites para posesionar al director en propiedad, Didier Blanco, a quien El Colombiano describe como abogado y activista cercano al nuevo jefe de Estado. Hasta ahora se había desempeñado como director encargado Javier Francisco Moreno, quien a su vez reemplazó a Augusto Rodríguez, señalado por el mismo medio como uno de los aliados históricos del expresidente Gustavo Petro. La rotación de encargaturas en menos de un año ilustra la inestabilidad administrativa de una entidad sensible: la UNP articula la protección de congresistas, funcionarios y personas en riesgo extraordinario.
La acumulación de funciones no se limita a la dirección general. Lara también presidirá el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), el organismo que valora el riesgo y define los esquemas de seguridad de los beneficiarios del programa. Concentrar en un solo funcionario, que ya despacha como ministro, la conducción operativa de la UNP y la presidencia del CERREM introduce un interrogante institucional: el CERREM requiere deliberación técnica colegiada y, en la práctica, su ritmo depende de quien lo convoque. Cuando el convocante es además el jefe político de la protección, ¿se debilita el contrapeso interno?
El contexto agrava el cuadro. El Colombiano señala que, además de la UNP, faltan directores en propiedad en entidades clave como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Una emergencia nacional simultánea por el terremoto de 7,4 exige que las cabezas visibles del Gobierno estén dedicadas a la coordinación de la respuesta, no a administrar transitoriamente organismos que manejan riesgos de vida. La pregunta operativa es directa: ¿cuántas carpetas puede sostener un solo ministro mientras el CERREM debe sesionar y la UNP debe ejecutar?
Hay un segundo punto que merece seguimiento documental. El Colombiano caracteriza a Blanco como “abogado y activista cercano al presidente De la Espriella”. La cercanía política no es, por sí misma, un reparo; sí lo es la opacidad. La Bitácora solicitará a la Casa de Nariño y al Ministerio del Interior el decreto de encargo, la hoja de vida de Blanco y el cronograma de posesión. Si la elección se sostiene en mérito y trayectoria verificable, el gobierno tendrá un argumento sólido; si se sostiene solo en la confianza política, la UNP entrará a su nueva etapa con la misma fragilidad que arrastra desde 2024.
Por ahora, el dato concreto es este: la protección de miles de beneficiarios del programa queda, en la práctica, en manos de un ministro que ya tiene a su cargo la política de seguridad, las relaciones con los gobernadores y la respuesta a una catástrofe. La transición debe ser corta y documentada. Cualquier prolongación del encargo debería explicarse ante el Congreso, en una sesión reservada, con la presencia del nuevo director cuando asuma.
La UNP no admite improvisaciones. Ni siquiera en semana de terremoto.