A pocos días de la posesión presidencial, el equipo de empalme de Abelardo De La Espriella solicitó formalmente al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, ejercer vigilancia preventiva sobre varios procesos contractuales de la Unidad Nacional de Protección. La petición, canalizada a través del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, pone en el centro de la discusión un contrato de servicios de escoltas por más de $78.000 millones cuya adjudicación, según el comunicado del Gobierno electo, se produciría antes del 7 de agosto.
El primero de los expedientes en revisión es precisamente ese. Se trata del proceso que definiría quién asumirá la protección del nuevo jefe de Estado y de su gabinete desde el día uno. La preocupación del empalme, atribuida por Cambio Colombia, es de orden operativo y de control: que la administración entrante no podría participar en la revisión de perfiles, experiencia e idoneidad de quienes quedarían a cargo de la seguridad inmediata del presidente y sus ministros si el contrato se perfecciona antes de la posesión.
El segundo frente es el vinculado a la planta de protección. La UNP avanzaría en el llenado de más de 5.100 cargos de oficiales de protección, de los cuales cerca de 900 se cubrirían por concurso de méritos y los restantes, según el comunicado del Gobierno electo, mediante nombramiento provisional y sin filtro de mérito. La diferencia no es menor: estamos hablando de cerca de 4.200 plazas que, de confirmarse la denuncia, se asignarían por discrecionalidad en un mes sensible desde el punto de vista institucional.
A estos dos expedientes se suman dos frentes adicionales. El primero es la compra de 188 botes y 264 motores fuera de borda para 29 municipios de nueve departamentos, un proceso en el que el Gobierno electo pidió revisar especificaciones técnicas, tiempos de ejecución y pluralidad de oferentes. El segundo son seis procesos abiertos en julio de 2026 para adquisición de bienes destinados a resguardos indígenas con medidas colectivas de seguridad, sobre los que la solicitud apunta a verificar si las necesidades justificaban procesos separados o si era procedente consolidarlos en uno solo para lograr mayor eficiencia del gasto público.
La figura utilizada es la vigilancia preventiva de la Procuraduría, herramienta contemplada en el artículo 277 de la Constitución y reglada por la Ley 2080 de 2021. El organismo de control ministerial no suspende por sí solo los procesos, pero puede expedir alertas tempranas, formular advertencias y, en el ejercicio de su función disciplinaria, intervenir si identifica irregularidades en estudios previos, análisis del sector o requisitos de participación. Es, en la práctica, una solicitud para que la contratación no quede blindada antes del empalme.
Dos variables habrá que seguir de cerca. La primera, si la UNP, adscrita al Ministerio del Interior, entrega de manera completa y en los tiempos requeridos los expedientes contractuales solicitados. La segunda, si la adjudicación del contrato de escoltas efectivamente se concreta en las próximas semanas o si la intervención de la Procuraduría introduce una suspensión de hecho mientras se resuelve la transición. Sobre ese equilibrio entre continuidad operativa del esquema de seguridad presidencial y respeto por las competencias de la administración entrante girará el cierre del actual Gobierno en materia contractual.
El antecedente inmediato es la queja pública que el propio Gobierno electo habría elevado ante los órganos de control, según la misma fuente. La consistencia de los argumentos —estudios previos débiles, provisión de cargos sin concurso, dispersión de procesos— sugiere que la lupa no se levantará en lo que resta del calendario de transición. La Procuradoria, a partir de este momento, tiene la palabra.