Nueve días antes de la segunda vuelta presidencial, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó ante los medios que existen reportes de inteligencia sobre eventuales disturbios tras la jornada del 21 de junio. La declaración fue recogida por Infobae Colombia y por Blu Radio el 13 de junio, y trae consigo un cambio operativo: el Puesto de Mando Unificado (PMU) se instalará el 16 de junio, cinco días antes de los comicios, en lugar de activarse el mismo día de la votación, como ocurrió en procesos anteriores.
El cronograma fue expuesto por el propio Sánchez. A las 10 de la mañana del 16 de junio quedará instalado el PMU tradicional; a continuación se pondrá en marcha un PMU cibernético destinado a monitorear redes sociales y a reducir el riesgo de hechos violentos durante el período pre y postelectoral, según declaró el funcionario, citado por Blu Radio.
La decisión se adopta en un contexto de alta polarización. La segunda vuelta, según los datos de la primera vuelta consignados por Infobae Colombia, enfrentará a Abelardo de la Espriella —con 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,74 %— e Iván Cepeda, con 9,7 millones de sufragios (40,90 %). En la recta final, ambos comandos han cruzado acusaciones sobre presuntas irregularidades, financiación de campañas y amenazas a la transparencia del proceso.
Hay tres elementos que merecen lectura separada.
Primero, la alerta en sí misma. El hecho de que el ministro de Defensa invoque “información de inteligencia” para anticipar disturbios no es rutinario. Implica que los organismos de seguridad han evaluado un nivel de riesgo suficiente como para modificar el calendario habitual de respuesta. Eso obliga a preguntar —y el Ministerio aún no ha precisado— cuáles son los focos geográficos identificados, qué tipo de actores estarían detrás de la amenaza y si hay radicados de denuncia o informes públicos de la Policía o la Fiscalía que respalden la advertencia. La opacidad en este punto suele ser contraproducente: una alerta sin especificidad abre espacio a la especulación.
Segundo, la activación anticipada del PMU. Adelantar el dispositivo a cinco días antes es una decisión operativa razonable si la amenaza está acreditada. Pero desplazar la coordinación al 16 de junio también significa que cualquier incidente registrado entre esa fecha y el domingo electoral quedará cubierto por el mando unificado, lo que podría derivar en restricciones a la movilidad o a reuniones públicas en algunas regiones. La ciudadanía tiene derecho a saber bajo qué protocolos se adoptarán esas restricciones y quién las autoriza.
Tercero, el PMU cibernético. Monitorear redes sociales en tiempo electoral es una práctica habitual en democracias con tradición de inteligencia digital, pero en Colombia carece de un marco legal claro. La ley electoral no define con precisión los límites de la vigilancia estatal sobre comunicaciones en períodos de campaña. La ausencia de ese marco es una asignatura pendiente del Congreso y un riesgo para los derechos de los ciudadanos, sobre todo cuando se invoca la desinformación como una de las amenazas más importantes, en palabras del propio ministro.
El gobierno actual acierta cuando reconoce públicamente un riesgo y moviliza a la fuerza pública para proteger la jornada. Pero la alerta debe ir acompañada de transparencia: cifras, regiones, tipo de amenaza y sustento probatorio. De lo contrario, el anuncio se convierte en un insumo más de la crispación que dice querer conjurar. Y en una segunda vuelta donde la diferencia entre ambos candidatos es estrecha, el riesgo de que el clima digital y el clima callejero se retroalimenten es real.
Colombia ha visto episodios de violencia postelectoral en su historia reciente. La mejor respuesta institucional no es solo activar mecanismos, sino exhibirlos. La Bitácora estará atenta a los reportes oficiales del Ministerio de Defensa, a los comunicados de la Registraduría y a las decisiones de la Fiscalía en caso de que se materialice alguno de los escenarios advertidos.