El 21 de junio de 2026, día de la segunda vuelta presidencial, José Manuel Restrepo —fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella— publicó en su cuenta de X un mensaje que, según reportó Infobae Colombia, alertaba sobre “un desafío gigantesco de una operación masiva de compra de votos” y “presiones en varios territorios del país para votar en otra orilla”. La declaración se produjo en la mañana de la jornada, en un contexto de alta polarización entre la candidatura de De la Espriella y la de Iván Cepeda.
La pregunta que deja esta alerta es de fondo: ¿qué respaldo documental la acompaña?
El Código Penal colombiano tipifica la compra de votos en sus artículos 287 y siguientes, con penas que pueden alcanzar hasta nueve años de prisión cuando la conducta se ejerce sobre grupos vulnerables. Si una campaña presidencial tiene conocimiento de hechos concretos —montos, intermediarios, municipios, beneficiarios—, la ruta institucional no es una publicación en redes sociales: es una denuncia penal ante la Fiscalía, una queja ante la Procuraduría o un reporte al Consejo Nacional Electoral. Esos organismos, junto con la Registraduría y la Misión de Observación Electoral, tienen presencia acreditada en la jornada y son los canales competentes para procesar irregularidades.
Según Infobae Colombia, el mismo mensaje de Restrepo convocaba a los simpatizantes a “persuadir a cinco personas” y a “cuidar los votos como jurados, como testigos electorales”. La movilización electoral es un derecho legítimo y la vigilancia ciudadana sobre el conteo está protegida por la ley. Ahora bien, cuando una alerta sobre fraude ajeno se mezcla, en un solo comunicado, con instrucciones de movilización propia, el resultado comunicativo es ambiguo: instala sospecha sobre el resultado sin que la campaña quede vinculada al peso de una acusación formal.
La otra lectura también debe quedar registrada. En elecciones reñidas, las denuncias de fraude o compra de votos suelen aparecer antes del cierre de urnas por parte del candidato que anticipa un resultado adverso. No es un patrón nuevo ni exclusivo de Colombia: ocurre en buena parte de las democracias. Pero en un sistema con observadores internacionales acreditados, con dispositivo de seguridad desplegado por la Fuerza Pública y con veedurías como la MOE Colombia, la credibilidad de una alerta depende de que se canalice por las vías formales.
Lo que queda sobre la mesa, entonces, es una advertencia sin respaldo probatorio público. Si Restrepo y De la Espriella disponen de evidencia sobre “operaciones masivas” en “varios territorios”, la obligación —democrática antes que legal— es entregarla a las autoridades competentes antes del cierre de la última mesa. De lo contrario, la denuncia se convierte en un insumo más de la disputa electoral y deja de ser una contribución a la transparencia.
Colombia ha visto cómo alertas similares, lanzadas sin sustento documental y sin seguimiento institucional, terminaron minando la legitimidad de resultados avalados por observadores. La segunda vuelta de 2026, que define el periodo 2026-2030, exige a todas las campañas —incluida la que lidera el candidato más votado en primera vuelta— un estándar mínimo: hechos, no consignas.
Una alerta sobre compra de votos es grave por definición. Precisamente por eso requiere el mismo rigor que cualquier otra acusación pública: nombres, lugares, montos y radicación formal. Sin ese piso, se convierte en ruido.