El presidente Gustavo Petro escribió el 17 de junio en su cuenta de X que, si el senador republicano Bernie Moreno se expresa contra los colombianos en el exterior en su calidad de veedor internacional, tomará “mis decisiones”. La advertencia, reportada por El Colombiano, llega a seis días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio y reaviva el patrón de choques con Washington que ha marcado la política exterior del actual gobierno.
Moreno, senador por Ohio nacido en Colombia, fue invitado por el Consejo Nacional Electoral como observador internacional. Ya cumplió esa función en la primera vuelta del 31 de mayo. Antes de esa jornada, según la misma nota, el congresista sugirió que Estados Unidos podría no reconocer los resultados si se daban bajo presión de grupos armados. Petro calificó esas declaraciones como “intromisión ilegítima” y le recordó que su papel debía limitarse a la observación.
El detonante más reciente fue la detención del activista Beto Coral en Arizona por agentes de Homeland Security Investigations, una división del ICE. Moreno reaccionó en X con un mensaje dirigido a Coral: “¡Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto!”, y argumentó que una persona bajo asilo no debería actuar como agente del gobierno del país del que huyó. Petro respondió con la advertencia ya citada y agregó que Coral “no es espía” sino “un periodista que no piensa como usted”, y llamó la atención sobre la separación del hijo menor del activista.
El episodio combina tres problemas que este medio ha señalado de manera consistente. Primero, el uso presidencial de la red social X como canal de política exterior, sin pasar por la Cancillería ni por la embajada en Washington. Cuando un jefe de Estado condiciona la permanencia de un observador electoral invitado por una autoridad independiente, la pregunta razonable es si está ejerciendo una facultad o lanzando una bravata. La Constitución y la jurisprudencia no le asignan al presidente competencia sobre veedurías internacionales; el CNE las invita, y el Ejecutivo, en todo caso, debería facilitar la observación, no amenazarla.
Segundo, la instrumentalización del caso Coral. Coral es hijo del capitán de la Policía Humberto Coral, miembro del Bloque de Búsqueda que participó en el operativo contra Pablo Escobar y asesinado en abril de 1994. El activista reside en Estados Unidos desde 2015 bajo asilo político. Según el testimonio recogido por el periodista Daniel Coronell, uno de los agentes le habría indicado que la orden provenía del secretario de Estado Marco Rubio, extremo que no ha sido confirmado oficialmente. Cualquiera sea el fondo migratorio del procedimiento, convertir la situación personal de un asilado en pieza de retórica electoral es, como mínimo, imprudente.
Tercero, el costo diplomático. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y un actor determinante en la lucha contra el narcotráfico y las finanzas ilícitas. Las relaciones ya atraviesan uno de sus momentos más tensos desde la firma del Plan Colombia. Una amenaza pública a un senador estadounidense con doble nacionalidad colombiana, en plena jornada electoral, no fortalece la posición del gobierno ni la del país. La fortalece, en cambio, la narrativa de un Ejecutivo que privilegia la confrontación sobre el interés nacional.
La veeduría internacional no es un favor que el gobierno conceda o retire: es un mecanismo de legitimidad democrática. Si Petro tiene objeciones a Moreno, el camino institucional es la Cancillería y el CNE, no un trino con condicionales. Y si lo que busca es defender a un connacional detenido en el exterior, el instrumento es la asistencia consular, no la retórica de plaza pública.
A cuatro días de la segunda vuelta, Colombia necesita que su presidente se comporte como jefe de Estado, no como comentarista de su propia crisis.