A poco más de dos meses de entregar la Presidencia, Gustavo Petro publicó una columna en The Washington Post, titulada Colombia is working with the U.S. for a safer hemisphere, en la que reivindica la cooperación con el gobierno de Donald Trump en materia de narcotráfico. El texto, replicado por Infobae Colombia, contrasta con el tono que el propio Ejecutivo mantuvo durante buena parte del cuatrienio, cuando se cuestionó la certificación de Colombia como aliado extraterritorial y se acusó de politización a la estrategia estadounidense.
Como reportó Infobae, el presidente atribuyó a su gobierno, desde 2022, la incautación de cerca de 3.200 toneladas de cocaína y la destrucción de alrededor de 19.000 laboratorios dedicados a la producción de estupefacientes. Agregó que en 2025 se aprobaron cerca de 300 extradiciones hacia Estados Unidos y que durante su administración se realizaron más de 17.000 capturas vinculadas al narcotráfico. Las cifras son atribuidas al propio presidente; contrastan, según han documentado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y reportes citados por la Casa Blanca, con niveles récord de cultivo de hoja de coca y con el incumplimiento de las metas de reducción.
Más allá del contenido, el tono del texto merece lectura cuidadosa. Según la traducción publicada por Infobae, Petro escribió que, a medida que su mandato se acerca a su fin, agradece al presidente Trump por su colaboración y se siente orgulloso de los resultados alcanzados de manera conjunta. La frase se distancia del lenguaje que el gobierno usó durante buena parte del período, cuando se habló de suspender relaciones con Washington y se denunció el uso político del mecanismo de certificación.
Esa distancia es el asunto de fondo. La política de drogas no admite episodios de buena relación coyuntural: requiere consistencia, métricas verificables y resultados sostenidos en el tiempo. ¿Qué se mantuvo y qué se modificó efectivamente en la agenda bilateral de seguridad entre agosto de 2022 y mediados de 2026? ¿Qué convenios, protocolos de inteligencia y mecanismos de financiación conjunta quedaron firmados y en ejecución?
El gobierno termina su período con la popularidad deteriorada —según las encuestas publicadas a lo largo del año—, con fricciones diplomáticas con varios países de la región y con un proceso de empalme en marcha. En ese contexto, la columna en un medio estadounidense de referencia funciona como un mensaje dirigido tanto a Washington como al expediente interno: el gobierno saliente busca cerrar su narrativa con un gesto de alineamiento en seguridad, dejando en segundo plano los desencuentros públicos de los últimos cuatro años.
Para el próximo gobierno, la pregunta operativa es concreta: qué convenios, qué protocolos de inteligencia, qué mecanismos de financiación conjunta y qué metas de reducción quedaron efectivamente firmados y en ejecución. Las cifras agregadas que cita el presidente no reemplazan un balance auditable. La Contraloría, la Procuraduría y la propia embajada de Estados Unidos en Bogotá han documentado, en distintos momentos, falencias en la capacidad de interdicción marítima, en la destrucción efectiva de laboratorios y en la trazabilidad de los precursores químicos.
El cierre de un gobierno no puede consistir en redactar el propio balance en un medio extranjero. La ciudadanía colombiana tiene derecho a conocer, con cifras verificadas y trazables, qué funcionó y qué no en materia de seguridad y drogas, más allá del último pronunciamiento presidencial.