El expresidente Juan Manuel Santos le envió este fin de semana un mensaje directo al presidente electo Abelardo De la Espriella sobre uno de los puntos más sensibles de la transición: el futuro del acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC. En una entrevista con Cambio, Santos sostuvo que modificar lo pactado, además de una pérdida de tiempo, es una batalla perdida, y se puso a disposición del nuevo gobierno para acompañarlo en lo que requiera.
El gesto tiene peso político. Santos no es un exmandatario retirado del debate público: fue el arquitecto del proceso, el responsable de haberlo defendido ante la opinión y ante la Corte Constitucional, y el que negoció el respaldo de la comunidad internacional. Que ahora ofrezca su experiencia técnica al gobierno entrante implica, en los hechos, un reconocimiento de que el acuerdo sigue siendo el marco vigente y que cualquier intento de reescribirlo chocará con la institucionalidad que lo sostiene.
La advertencia de Santos llega en un momento delicado. De la Espriella ha anunciado cambios profundos a la política de paz del Estado, aunque todavía no ha detallado cuáles serían. Mientras tanto, según reportó Cambio, archivos inéditos reconstruyen la etapa del presidente electo como gestor de paz en Ralito, cuando defendía la negociación con todos los actores armados. Esa trayectoria previa, que incluye declaraciones ante la justicia en las que se ofreció a intervenir ante la guerrilla, complica la narrativa de un giro radical contra los acuerdos.
Hay tres razones por las cuales desmontar el acuerdo es, como dice Santos, una batalla perdida. La primera es jurídica. El texto fue incorporado al ordenamiento interno mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, con control previo y posterior de la Corte Constitucional. Reformarlo exige mayorías calificadas en el Congreso y, eventualmente, una nueva revisión del alto tribunal. La segunda es operativa. Más de 13.000 excombatientes están en proceso de reincorporación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene más de 11 macrocasos abiertos y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas avanza en 18 regiones. Desmontar esa arquitectura implica desmontar también los compromisos con la comunidad internacional que financian buena parte de la implementación, entre ellos los recursos del Fondo Multidonante de la ONU, de la Unión Europea y de Estados Unidos.
La tercera razón es política. El acuerdo cuenta con el respaldo de la mayoría de los partidos de centro y derecha, de los gremios económicos y de la Fuerza Pública profesional, que lo considera la base de la seguridad rural. Un intento de renegociarlo abriría una fractura con esos sectores justo cuando el nuevo gobierno necesita construir gobernabilidad en el Congreso, donde ya se mueve la elección de Alfredo Deluque como candidato a presidente del Senado.
Santos además le pidió a De la Espriella que se concentre en implementar lo que ya está firmado. La diferencia no es menor. Implementar significa avanzar en los puntos que aún tienen rezago: reforma rural integral, sustitución de cultivos, participación política de las víctimas y financiación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esos pendientes están cuantificados en los informes de la Comisión de Seguimiento, de la Contraloría y de la Misión de Verificación de la ONU.
La oferta de Santos de sentarse con el nuevo gobierno no es gratuita. Es la lectura de un expresidente que conoce el costo de haber firmado la paz y que sabe que el próximo presidente heredará tanto los logros como las deudas. Si De la Espriella quiere modificar el acuerdo, necesitará explicar antes cómo piensa sustituirlo sin perder a la JEP, sin romper los compromisos con la comunidad internacional y sin abrir un nuevo ciclo de violencia rural.
Por ahora, la pelota está en la cancha del presidente electo. Santos ya hizo su movimiento: tender la mano y, al mismo tiempo, marcar el límite.