Diez años después de la firma en Cartagena, el acuerdo de paz con las antiguas Farc enfrenta su prueba política más exigente: el cambio de gobierno. El exmandatario Juan Manuel Santos, premio Nobel de Paz 2016, intervino en un foro de conmemoración para solicitar al presidente electo Abelardo de la Espriella que mantenga la implementación. La petición, según reportó El Universal, coincidió con el anuncio del gobierno entrante sobre la supresión de la Consejería Comisionada de Paz y de otras agencias adscritas a la Presidencia.
El contexto no es abstracto. De la Espriella asumirá el 7 de agosto y, como registró El Universal, declaró que a partir de esa fecha la prioridad será la seguridad y el desmonte de lo que calificó como un sistema de impunidad. El mismo medio recogió la instrucción del presidente electo a los ministerios de Justicia y del Interior de desmontar, dentro del marco constitucional y legal, lo que su administración considera el espejismo de la falsa paz. La Consejería de Paz, que según El Universal condujo las negociaciones con grupos armados ilegales durante el gobierno de Gustavo Petro, dejaría de existir en el organigrama.
Santos respondió con un argumento de política de Estado. Como consignó El Universal, pidió que el acuerdo se lea como un instrumento que trasciende a una administración y que, por su naturaleza, compete a toda la colectividad. Esa distinción es la clave del debate que viene: el texto fue suscrito en noviembre de 2016, pasó por el Congreso de la República y se desarrolló durante tres gobiernos. Convertirlo en variable de negociación electoral tendría efectos concretos en reincorporación, sustitución de cultivos, atención a víctimas y, sobre todo, en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Sobre la JEP, el exmandatario fue enfático, como publicó El Universal: lo que ocurre en esa jurisdicción no tiene precedentes en el mundo, con máximos responsables reconociendo públicamente crímenes atroces. Esa afirmación, documentada en las audiencias públicas de la JEP, apunta al corazón del modelo: penas restaurativas, no privativas de libertad, a comparecientes que colaboran con la verdad. Modificar ese esquema compromete los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional, a la que Santos agradeció expresamente por el acompañamiento.
El Nobel rechazó además la narrativa que responsabiliza al acuerdo del fortalecimiento de las bandas criminales. Como reportó El Universal, sostuvo que culpar al acuerdo por el accionar de esas estructuras es, en sus palabras, desconocer deliberadamente la realidad, y agregó que, en su lectura, el fracaso no es del acuerdo sino de quienes han impedido su implementación integral. La frase se lee como respuesta directa a uno de los ejes del bloque que llevó a De la Espriella a la Casa de Nariño, aunque el exmandatario no mencionó a la administración saliente.
Los antiguos miembros del secretariado de las Farc también pidieron al presidente electo, según El Universal, encontrar caminos para cumplir con la implementación, de cara a los diez años de la firma que se conmemorarán en noviembre. La coincidencia de vocerías —un Nobel de Paz y los exjefes guerrilleros en el mismo reclamo— es políticamente incómoda para el gobierno entrante y elimina lecturas maximalistas: lo que se discute es el rumbo de un instrumento firmado por el Estado colombiano, no una controversia entre bandos.
La pregunta de fondo es si el acuerdo de 2016 sobrevive a un gobierno que llegó al poder cuestionándolo. Santos ofreció la única respuesta institucional posible: politizar la implementación significa romper la cadena de confianza que tomó cuatro años construir. Si la Consejería de Paz se elimina, queda por resolver quién conduce los diálogos con ELN y disidencias, y con qué criterios. Si la JEP se modifica por decreto o por proyecto de ley sin el consenso exigido, se abre un frente de responsabilidad internacional que el país no necesita.
De la Espriella ganó las elecciones con un mandato claro en seguridad y crítica a la Paz Total. Respetar ese mandato no exige desmontar lo firmado en 2016; exige diferenciar entre lo que el gobierno saliente agregó —las mesas con ELN y disidencias— y lo que cualquier democracia debe sostener: la reincorporación de los firmantes, la atención a las víctimas y la verdad judicial. Esa es la política de Estado invocada, y la que se medirá desde el 7 de agosto.