El Gobierno nacional declaró emergencia económica tras el sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, con afectaciones reportadas en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, según reportó Pulzo. La decisión habilita al Ejecutivo a expedir decretos con fuerza de ley en materia fiscal y tributaria, una facultad excepcional que la Constitución contempla para circunstancias extraordinarias y que, por lo mismo, exige un control posterior riguroso.
El paquete anunciado incluye alivios temporales en servicios públicos para hogares damnificados, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron su vivienda, alivios tributarios y líneas de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios. También se creó el Fondo Milagro, destinado a canalizar recursos nacionales e internacionales hacia la reconstrucción de hospitales, centros educativos, viviendas, vías y aeropuertos, y se confirmó el uso inmediato de recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. A esto se suma un crédito por 450 millones de dólares gestionado ante el Banco Mundial y el aplazamiento por un mes del vencimiento de la declaración de renta de personas naturales, según la información publicada por Pulzo.
Tres preguntas quedan sobre la mesa.
Primera, ¿cuánto costará y cómo se financía? La declaratoria abre la puerta a gasto por encima de las partidas ordinarias, pero no precisa cuántos recursos nuevos se necesitan. La Nación deberá aclarar si los 450 millones de dólares del Banco Mundial cubren la fase de emergencia o solo una parte, qué porcentaje aportará el presupuesto general y cuánto se financiará mediante deuda interna. Sin ese desglose, el Congreso y la Contraloría no pueden ejercer su función de control.
Segunda, ¿qué fiscal vigilará los decretos con fuerza de ley? El artículo 215 de la Constitución exige que los decretos de emergencia económica sean sometidos a control automático de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. También deben ser revisados por el Consejo de Estado en su competencia contencioso-administrativa. La ciudadanía, mientras tanto, debe poder consultar cada acto administrativo en el Diario Oficial y en Secop II, con el nombre del contratista, el objeto y el valor de cada contrato derivado del Fondo Milagro.
Tercera, ¿cuándo se rinden cuentas por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo? Este Fondo ha sido objeto de observaciones reiteradas de la Contraloría por demoras en la ejecución y por contratos celebrados sin la publicidad debida, según reportes conocidos de ese organismo de control. Una emergencia de esta magnitud incrementa el riesgo de sobrecostos, de contratos directos sin justificación técnica y de entregas a dedo. Por eso es indispensable que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo publique un tablero abierto con la ejecución diaria de recursos, los contratos firmados y los beneficiarios identificados.
La emergencia es real y la respuesta del Gobierno, en lo inmediato, resulta proporcionada. Pero una emergencia económica no puede convertirse en una zona gris de la contratación pública. El Estado de derecho se prueba, sobre todo, cuando se mueve rápido.