A cinco días de la segunda vuelta del 21 de junio, la campaña presidencial dejó de discutirse en clave colombiana. El candidato Abelardo de la Espriella agradeció públicamente, y por segunda vez, el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, y lo hizo con un lenguaje que excede el protocolo diplomático: habló de “apoyo irrestricto”, de “alianza sólida y estratégica” y de una “guerra frontal y sin concesiones contra el narcoterrorismo”. Son palabras que un jefe de Estado dirige a otro, no las que un candidato en campaña dirige a un líder extranjero desde su cuenta de X.
El episodio no es menor. Una elección presidencial en Colombia es un asunto de soberanía interna, y la Constitución —artículos 109 y 110— prohíbe los aportes, préstamos o contribuciones de gobiernos extranjeros a campañas, partidos o movimientos políticos. La norma existe para evitar que la competencia democrática local sea financiada, condicionada o intervenida desde afuera. Cuando un candidato agradece un apoyo de esa naturaleza, lo que en realidad comunica es que su proyecto se subordinó a un patrocinio externo, no que lo rechazó.
El presidente Gustavo Petro le respondió a Trump pidiéndole no intervenir en la campaña. Según Caracol Radio, el Mandatario invocó expresamente la prohibición constitucional y advirtió que la relación bilateral no puede construirse sobre “ideologías efímeras”. Es una observación pertinente, aunque llega tarde: las relaciones con Washington en este gobierno acumulan dos años de deterioro, y la queja de Petro tiene más de denuncia reactiva que de defensa preventiva. La pregunta de fondo no es si Trump debe o no pronunciarse —los presidentes extranjeros hablan cuando quieren—, sino qué hace la institucionalidad colombiana para impedir que esa injerencia se traduzca en financiamiento, asesoría o presión.
Hay un segundo punto que la columna debe registrar. De la Espriella ha construido su candidatura sobre tres ejes: seguridad, lucha contra el narcotráfico y alineamiento estratégico con Estados Unidos. Ese último eje es ahora el más nítido: ya no es un programa, es un patrocinio. La “guerra frontal y sin concesiones” que promete el candidato es, literalmente, una agenda importada. Colombia ya recorrió ese camino entre 1999 y 2012 con resultados que el país conoce: fumigaciones aéreas sobre territorios sin presencia estatal, cultivos de uso ilícito que se desplazaron y se multiplicaron, y un conflicto interno que no se resolvió por la vía militar.
Conviene recordar el procedimiento. Cualquier denuncia sobre injerencia extranjera en campañas corresponde al Consejo Nacional Electoral y, eventualmente, a la Fiscalía. No es un asunto de opinión pública: es un asunto de cumplimiento normativo. Si hubo financiamiento, coordinación o simple intermediación, las autoridades electorales deben actuar. Si no lo hubo, la respuesta institucional igual debe existir para despejar dudas y cerrar el debate antes del 21 de junio.
Lo que está en juego trasciende a los dos candidatos. Cuando una potencia externa marca preferencia en una segunda vuelta latinoamericana, el efecto se mide en la autonomía de la política exterior, en la independencia de las fuerzas de seguridad y en la credibilidad del sistema electoral. Esos tres activos son precisamente los que una democracia no puede rifar.
La campaña termina el domingo. Lo que viene después necesita más que tuits cruzados: necesita investigación, atribución de responsabilidades y, sobre todo, una clase política capaz de decirle a cualquier potencia, venga de donde venga, que las elecciones en Colombia las deciden los colombianos.