Según el preconteo de la Registraduría Nacional con el 100 por ciento de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella habría obtenido 12.959.515 votos frente a 12.708.695 de Iván Cepeda, una diferencia de 249.824 sufragios. El margen es estrecho y obliga a leer el resultado con prudencia.
El diario El Pilón, en su edición de Valledupar, reportó que el candidato Cepeda anunció que esperará los escrutinios nacionales y que prepara la impugnación de 33.000 mesas de votación. Esa cifra, de confirmarse en los formularios E-14 y en las actas consolidadas, representa cerca del 13 por ciento del total de mesas instaladas en el país. No es un volumen menor ni puede despacharse como una maniobra retórica.
Una elección presidencial no se resuelve en un preconteo. Se resuelve en el escrutinio nacional que practica el Consejo Nacional Electoral y, eventualmente, en el conocimiento de las apelaciones que resuelva el Consejo de Estado. Esa cadena institucional existe por una razón: cada votante debe poder confiar en que su papeleta fue contabilizada conforme a la ley, y cada candidato debe tener la oportunidad de controvertir lo que considere irregular.
Cuando un candidato perdedor anuncia 33.000 mesas en disputa, la reacción razonable del sistema no es el aplauso ni el reproche automático. Es el trabajo técnico. Revisar consistencias entre el E-14 y el acta de escrutinio, verificar los testigos electorales, auditar los formularios introducidos a los claveros y, sobre todo, publicar los resultados con trazabilidad. La Registraduría tiene la obligación de entregar, mesa por mesa, los soportes que respaldan las cifras oficiales.
La diferencia de 249.824 votos es lo suficientemente amplia como para que un eventual cambio en el 1 por ciento de las mesas impugnadas no altere el resultado final, según los márgenes históricos de modificación entre preconteo y escrutinio. Pero la palabra “histórico” no sustituye al conteo real. Cada proceso de revisión puede deparar sorpresas, y esas sorpresas son las que sostienen la legitimidad del ganador.
Hay además un elemento que el resultado preliminary deja en evidencia: el país quedó dividido en mitades casi perfectas. Gobernar Colombia desde esa fotografía requiere algo distinto a un llamado genérico a la unidad. Requiere respetar a los casi 12,7 millones de ciudadanos que optaron por la otra candidatura, atender sus reclamos sectoriales —seguridad, salud, costo de vida— y diseñar un gabinete que represente la pluralidad, no solo laCosta Caribe. La victoria en Cesar y en los departamentos costeros, que El Pilón subraya en sueditorial, es un dato regional valioso, pero no es un cheque en blanco nacional.
Los próximos días son clave. Tres tareas en paralelo: escrutinios transparentes, atención al recurso anunciado por Cepeda y pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral sobre el calendario definitivo. Si esas tres piezas funcionan, el país habrá completado el ciclo electoral más competido de su historia reciente sin sobresaltos institucionales. Si alguna falla, la legitimidad del nuevo gobierno arrancará debilitada.
Una elección se gana en las urnas y se legitima en el escrutinio. Esa segunda etapa empieza ahora.