Con más del 99% de las mesas contabilizadas en el preconteo, el abogado Abelardo de la Espriella se impone por una diferencia ajustada al senador Iván Cepeda en la elección presidencial. El resultado, reportado por BBC Mundo, todavía no es definitivo: el escrutinio oficial, a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, comienza una vez concluya la transmisión de los formularios E-14 desde los municipios y los puestos de votación, y puede modificar las cifras cuando se resuelvan las solicitudes de recuento y las observaciones de los testigos electorales.
La jornada dejó dos mensajes políticos que conviene leer por separado. El primero es de carácter aritmético: una diferencia estrecha en el preconteo no equivale a una victoria consolidada. La experiencia reciente en Colombia, desde el reconteo de 2018 hasta las revisiones de 2022, muestra que las variaciones entre preconteo y escrutinio pueden ser marginales en términos porcentuales, pero suficientes para alterar el orden de los candidatos cuando la separación es de décimas. Por eso la prudencia invocada por el presidente Gustavo Petro, según reportó BBC Mundo, no es un capricho retórico sino una obligación institucional: hasta que la Registraduría publique el acta final, cualquier declaración de triunfo es prematura.
El segundo mensaje es de carácter estratégico. De la Espriella, figura poco conocida fuera de los círculos jurídicos hasta esta campaña, capitalizó el voto antipetrista con un discurso de mano dura contra el crimen organizado y de defensa abierta de las fuerzas militares. Cepeda, en cambio, representó la continuidad del proyecto político del Pacto Histórico con un perfil más institucional. La estrechez del margen sugiere que Colombia está dividida en bloques de magnitud comparable y que la polarización, lejos de resolverse, se reordenó alrededor de liderazgos nuevos.
Desde el punto de vista institucional, hay tres puntos que merecen atención en las próximas 72 horas. Primero, la integridad del proceso. La Misión de Observación Electoral de la OEA y los veedores nacionales deben publicar sus reportes preliminares; cualquier anomalía debe documentarse con actas y no con declaraciones. Segundo, la transición. Si el resultado se mantiene, el equipo del candidato ganador debe comenzar de inmediato la empalme con los ministerios, especialmente Hacienda, Defensa y Salud, donde las decisiones de fin de año afectan la ejecución presupuestal de 2026. Tercero, el papel del Congreso. Una diferencia de menos de dos puntos porcentuales deja al ganador sin mayoría propia y obliga a negociar desde el primer día con las bancadas independientes, el conservatismo y los partidos tradicionales.
También corresponde señalar lo que no debe hacerse. Un llamado a la movilización callejera antes de conocer el escrutinio sería una irresponsabilidad política. Una declaración de fraude sin evidencia documental sería una irresponsabilidad jurídica. Y una intervención del Ejecutivo en favor de uno de los candidatos, incluso indirecta, comprometería la neutralidad que la Constitución le exige al presidente durante el período electoral. Petro, al pedir que se espere, cumplió con ese deber mínimo. Lo que haga en los días siguientes definirá si su gobierno sale de esta elección fortaleciendo las instituciones o debilitándolas.
La elección, en suma, dejó dos datos y una incertidumbre. Los datos: un país dividido y un nuevo liderazgo de derecha con posibilidades reales de llegar a la Casa de Nariño. La incertidumbre: el resultado oficial, que solo la Registraduría puede certificar. Hasta entonces, la única posición razonable es la que ya expresó el presidente: esperar.