El mensaje que Mary Luz Herrán publicó en su cuenta de X el 26 de julio, según reportó El Heraldo, introduce una variable que no se había visto en el escándalo que rodea a Juliana Guerrero: una ruptura dentro del círculo íntimo del presidente Gustavo Petro. Herrán, excandidata al Congreso y excompañera sentimental del jefe de Estado, pidió públicamente que no se defienda “lo indefendible” y contrastó su propia historia —afirmó, según El Heraldo, haber perdido “su libertad siendo adolescente en una cárcel”— con la defensa presidencial de Guerrero y su hermana.
Hasta ahora, las críticas provenían de la oposición, de sectores del propio petrismo y de columnistas independientes. Que una voz del entorno familiar del mandatario se pronuncie en esos términos cambia el ángulo del debate. Ya no se trata solo de un análisis sobre la pertinencia política de respaldar a una exconsejera universitaria cuestionada por un presunto título falso y por audios que, según la investigación en curso, la vincularían con una red de corrupción en los ministerios de Vivienda y del Interior. Se trata, como reportó El Heraldo, de alguien que acompañó al presidente “en el 99% de sus aciertos y desaciertos” y que ahora marca un límite.
Según El Heraldo, Guerrero negó públicamente haber tenido reuniones con contratistas y rechazó los vínculos con la red investigada. Petro, por su parte, habría señalado —también según El Heraldo— que si Guerrero y su hermana recibieron dinero “deben devolverlo y colaborar con la justicia”, una fórmula que no zanja la cuestión de fondo: por qué se insistió en su nombre para un cargo de viceministra pese a las alertas existentes.
Hay tres elementos que merecen atención desde la óptica institucional.
Primero, el costo reputacional. La defensa pública de una persona sobre la que pesan señalamientos graves erosiona la credibilidad del Gobierno en materia de transparencia. Cuando la propia familia política del presidente se distancia, el efecto se multiplica: deja de ser una crítica de adversarios y se convierte en una advertencia desde adentro.
Segundo, la consistencia discursiva. Petro construyó buena parte de su capital político sobre la promesa de limpiar la contratación pública y de no tolerar la corrupción. Que sectores del petrismo —como recogió El Heraldo en otra pieza— califiquen la situación como “indefendible” evidencia que la narrativa oficial ya no convence ni a los propios.
Tercero, el debido proceso. Guerrero tiene derecho a la presunción de inocencia y a que las investigaciones avancen con rigor. Pero el problema no es solo judicial: es político. Nombrar a alguien en un cargo de alta responsabilidad con alertas visibles sobre su idoneidad es una decisión que debe explicarse, no solo defenderse.
El mensaje de Herrán introduce, además, un elemento humano que suele estar ausente en estos debates: el de las consecuencias personales. “Mis hijos no pueden vivir en su país”, escribió, según El Heraldo. Esa frase dimensiona el costo familiar de un proyecto político que, según ella, se estaría desviando de sus principios fundacionales.
Para el Gobierno, la ruta es clara aunque difícil: dejar que la Fiscalía y la Contraloría avancen sin interferencias, revisar los procesos de contratación señalados y, sobre todo, dejar de convertir cada escándalo en una prueba de lealtad. La transparencia no se demuestra con declaraciones; se demuestra con resultados.
La frase “no defiendas lo indefendible” puede sonar emocional. Pero cuando la dice alguien que conoce de cerca al presidente, deja de ser un exabrupto y se convierte en un diagnóstico.