Westcol, el creador de contenido con más alcance entre votantes jóvenes, anunció que entrevistará a Abelardo De la Espriella este sábado 30 de mayo en Kick, pocas horas antes de que abran las urnas. Es su tercera incursión política de envergadura tras las conversaciones con Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez.
El problema no es que un streamer entreviste candidatos. El problema es que decide quién entra y quién no. Westcol canceló a Paloma Valencia con una justificación que revela cómo funciona hoy la influencia digital en política: no por desacuerdo programático, sino porque rechaza “dinámicas digitales y promociones económicas” vinculadas a otros creadores que apoyan a la senadora. Mencionó explícitamente desconfianza hacia promociones de criptomonedas. Iván Cepeda pidió participar en eventual segunda vuelta. De la Espriella sí entra.
El criterio de selección es opaco. Westcol dice que busca a los candidatos “más opcionados en encuestas” para acercar política a jóvenes que rechazan medios tradicionales. Eso es cierto. Pero también es cierto que está eligiendo, tres días antes de votar, a quién amplificar en vivo ante cientos de miles de personas. No es periodismo. No es entretenimiento neutral. Es intermediación política.
Aquí importa el contexto: Westcol no es un medio. No tiene línea editorial declarada, ni ombudsman, ni criterios de equilibrio. Es una persona con algoritmo propio. Sus decisiones sobre acceso no están sujetas a escrutinio público. Cuando dice que cancela a Valencia por “situaciones externas” relacionadas con otros creadores, está admitiendo que su plataforma opera bajo presiones de ecosistemas digitales que el votante promedio no ve.
La ironía: mientras critica ciertas dinámicas de criptomonedas, Westcol mismo ejerce un poder de gatekeeping que ningún regulador supervisa. Los candidatos que no entren a su stream perderán acceso a millones de jóvenes. Los que entren, ganarán. Y la decisión la toma alguien que responde únicamente a su audiencia, no a criterios editoriales públicos.
Esto no es una acusación de corrupción. Es una observación: la política colombiana ya tiene nuevas puertas de entrada. Y las controla quien tiene más followers, no quien tiene más legitimidad institucional.