El Estado colombiano fue condenado por la Corte IDH en 2021 por violencia sexual contra mujeres en conflicto.
La condenación de 2021 por la Corte IDH marca un punto de quiebre institucional. Sin embargo, como señala Catalina Restrepo Mejía sobre las fallas de seguridad estatal, la violencia contra mujeres persiste estructuralmente. Convertir sentencia en acción requiere más que reconocimiento: demanda fortalecimiento de capacidades investigativas, coordinación interinstitucional y ruptura del patrón de impunidad que permitió décadas de silencio.