Magistrados han derogado decretos. EPS y gestores farmacéuticos son intermediarios insostenibles que acaparan medicamentos.
El Gobierno cuestiona decisiones judiciales sobre intermediarios de salud, pero La Bitácora advierte que reformas sin institucionalidad generan riesgos mayores. Mauricio Vélez Camargo señala en "La tensión entre lucro y derechos no se resuelve con populismo judicial" que los problemas estructurales del sistema requieren separación de poderes, no confrontación con magistrados. La derogación de decretos refleja precisamente ese control institucional que sostiene el Estado de derecho.