El CNE debe garantizar transparencia en sondeos y encuestas electorales frente a posibles manipulaciones algorítmicas.
La transparencia electoral es legítima, pero requiere precisión institucional. Mientras el CNE debe fortalecer auditoría de datos, la ciberseguridad electoral exige presupuesto público visible más que acusaciones sin evidencia. Cuando las encuestas reemplazan el debate democrático, el riesgo no es solo manipulación técnica sino erosión de deliberación institucional. Garantías electorales demandan capacidad estatal, no solo vigilancia.