Es urgente aprobar la Ley Ordinaria de Jurisdicción Agraria para brindar justicia y soluciones sobre tierras al campesinado colombiano.
La urgencia por jurisdicción agraria es legítima, pero requiere garantías de independencia judicial. Como señala Catalina Restrepo en su análisis sobre la persistencia judicial frente a la presión política, las reformas institucionales deben blindarse contra instrumentalización. Una ley agraria sin separación de poderes robusta corre riesgo de convertirse en herramienta política antes que solución estructural para el campesinado.