La controversia suscitada por los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro al empresario estadounidense Dan Newlin trasciende la coyuntura electoral o la defensa personal de un inversionista. Lo que está en juego es la predictibilidad de las reglas de juego y la seguridad jurídica en un momento crítico de transición política. Cuando la máxima autoridad del Estado formula señalamientos sobre presunta financiación ilegal de campañas sin presentar evidencia verificable ante los organismos competentes, y modifica cifras y plataformas en cuestión de horas, se envía una señal de alarma a los mercados y a los socios comerciales que no puede ser ignorada desde la perspectiva del riesgo hemisférico.
Según reportó El Colombiano, el empresario rechazó categóricamente las afirmaciones presidenciales sobre un presunto aporte de 1,9 millones de dólares a la campaña de Abelardo de la Espriella a través de Google, y retó al mandatario a presentar pruebas o a rectificar públicamente. Esta dinámica, donde la acusación se lanza desde la tribuna pública y la carga de la prueba se invierte, es precisamente lo que distingue a un Estado de derecho robusto de uno donde la narrativa política prevalece sobre el debido proceso. Para un observador externo, especialmente desde Washington o Bruselas, esta volatilidad discursiva no es un problema doméstico menor; es un indicador tangible de riesgo país.
El costo de la incertidumbre regulatoria
Desde una perspectiva de relaciones económicas internacionales, la seguridad jurídica no es un concepto abstracto, sino un activo que se cotiza en las decisiones de Inversión Extranjera Directa (IED). Colombia ha tardado décadas en construir una reputación como destino confiable en la región andina, diferenciándose de vecinos donde la arbitrariedad estatal es la norma. Cada vez que se utiliza la voz presidencial para lanzar señalamientos sin sustento técnico o judicial previo, se deprecia ese activo acumulado.
Los inversionistas estadounidenses y europeos operan bajo marcos de cumplimiento estrictos. Si la Presidencia sugiere que existen flujos de capital ilícitos en el ecosistema político o empresarial sin que la autoridad electoral o la Fiscalía actúen con base en evidencia formal, se genera un ambiente de toxicidad regulatoria. Las empresas no solo evalúan los retornos financieros; evalúan el riesgo de ser objeto de campañas de deslegitimación basadas en percepciones y no en hechos judiciales. En un contexto hemisférico donde la competencia por capitales es feroz, Colombia no puede permitirse el lujo de parecerse a los regímenes cuya institucionalidad critica habitualmente.
Además, esta situación ocurre en medio de una transición de mando. La relación con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y de seguridad, depende de canales técnicos y diplomáticos estables. Si bien Newlin fue nominado anteriormente como embajador y no confirmado por el Senado estadounidense, su estatus como empresario activo en el país lo convierte en un termómetro del clima de negocios. Tratar a actores económicos legítimos como fichas de una batalla política interna complica la agenda bilateral, que debería centrarse en temas sustantivos como la implementación de acuerdos comerciales y la atracción de inversiones para la transición energética.
Instituciones fuertes versus narrativas volátiles
La línea editorial de este medio ha sido clara: defendemos el Estado de derecho y somos críticos del uso instrumental de las instituciones. Esto aplica tanto para el gobierno saliente como para el entrante. Si existen sospechas reales de financiación extranjera prohibida por la Constitución, el camino institucional no es la red social ni la rueda de prensa con cifras cambiantes; es la denuncia formal ante la autoridad competente con el soporte probatorio correspondiente. La Constitución prohíbe la financiación foránea, sí, pero también consagra la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
Al saltarse los conductos regulares, se debilita la misma institucionalidad que se dice proteger. En mi experiencia analizando riesgo político en la región, los países que logran mantener flujos constantes de inversión y cooperación internacional son aquellos donde las disputas se resuelven en tribunales y organismos de control técnicos, no en la arena mediática. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial han reiterado en múltiples informes que la calidad de las instituciones y la transparencia son determinantes más fuertes para el crecimiento a largo plazo que los ciclos de precios de las materias primas.
Para Colombia, la implicación es directa. Necesitamos que la transición hacia el nuevo gobierno esté marcada por la estabilidad y el respeto a las formas democráticas, no por la escalada de acusaciones sin fundamento probatorio. La comunidad internacional observa con atención. Si queremos mantener nuestra posición como socio confiable en el eje Bogotá-Washington-Brasilia y atraer los capitales necesarios para el desarrollo, la palabra presidencial debe estar respaldada por la evidencia institucional, no por la conveniencia política del momento. La credibilidad tarda años en construirse y segundos en perderse; recuperarla ante los mercados internacionales es infinitamente más costoso.